La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló hoy que la democracia en Bolivia está amenazada por el aumento de la polarización política en grupos de choque violentos y por la falta de garantías en derechos humanos.
En un informe de 68 páginas, la CIDH evaluó el cumplimiento de las recomendaciones de otro informe suyo, publicado en junio de 2007 y al que el Estado boliviano respondió este año.
El texto analiza el contexto político y la conflictividad social en el país, la administración de justicia y las condiciones de los centros penitenciarios, además del grado de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los niños y de las personas refugiadas y solicitantes de esa condición.
La CIDH destacó que, en términos generales, el actual Gobierno ha continuado priorizando "políticas públicas y programas que reflejan la voluntad política de avanzar en una agenda de derechos humanos en Bolivia".
En este sentido, valoró algunas iniciativas gubernamentales, como la aprobación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, los programas de capacitación en derechos humanos o los avances en la creación de Centros Integrados de Justicia.
Además, elogió el hecho de que la nueva Constitución Política del Estado eleve a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión también denunció la creación de "grupos de choque" que "han contribuido a la polarización de la sociedad y a intensificar el clima de violencia".
Según fuentes de Naciones Unidas citadas por la CIDH, la mayor parte de ellos apoya a "sectores de la oposición que propugnan la autonomía departamental", aunque "algunos han actuado también en defensa del Gobierno nacional".
Esos grupos protagonizaron, en los dos últimos años, "numerosos actos de violencia" relacionados con temas políticos como el proyecto de la nueva Constitución, la capitalidad plena, los Estatutos Autonómicos Regionales, o la implementación de la reforma agraria.
En concreto, instó al Estado a aclarar los actos violentos que se produjeron en septiembre de 2008 durante una marcha campesina en el departamento de Pando, que dejaron 11 muertos, 50 heridos y decenas de desplazados, así como la violencia en las detenciones que se produjeron durante el estado de sitio que se declaró después.
La CIDH también condenó la "excesiva aplicación" de las medidas cautelares de detención preventiva, e instó al Estado a garantizar que sólo se empleen de forma motivada y a poner en marcha medidas para "reducir la sobrepoblación carcelaria".
Asimismo, criticó la práctica de retener a menores de 18 años junto con adultos condenados y señaló la necesidad de "retomar el control interno de los centros penitenciarios del país" y de investigar las denuncias de prácticas de corrupción dentro de ellos.
También pidió que se garantice el acceso de los presos a cuidados médicos y a oportunidades educativas y laborales.
La Comisión reiteró la necesidad de erradicar la discriminación basada en la condición de indígena o campesino, particularmente en cuanto al acceso a la justicia, la educación y la salud, y que garantice el respeto de la cosmovisión y la identidad cultural de los indios.
Respecto a los derechos de las mujeres, instó al Gobierno presidido por Evo Morales a que implemente programas de formación sobre la igualdad de género y que diseñe una política estatal, respaldada con recursos públicos, para que las víctimas de la violencia tengan "acceso pleno a una adecuada protección judicial".
En el caso de los niños y niñas, exigió que se erradique el trabajo de los menores de 14 años tanto en el sector rural como en el urbano, que se amplíe la cobertura de la educación pública y que se establezca una clara prohibición de los castigos corporales.
En cuanto a la administración de justicia, recomendó publicitar más los derechos de los ciudadanos, y ampliar el Sistema Nacional de Defensa Pública para lograr la mayor cobertura posible de jueces, fiscales y defensores públicos.
También urgió que se designe inmediatamente a los magistrados del Tribunal Constitucional, organismo del que criticó su "falta de funcionamiento durante más de un año", además de a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República.
