La CIDH ha presentado una denuncia contra Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzosa de una nuera del poeta argentino Juan Gelman en 1976, informaron hoy fuentes del organismo interamericano.
La denuncia fue presentada formalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte, con sede en San José, Costa Rica, el pasado 21 de enero, de acuerdo con el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representa a la víctima, ésta es la primera vez que la CIDH lleva una denuncia contra Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Este centro indicó que el caso ha sido llevado ante la Corte después del plazo de más de un año concedido al Estado uruguayo para que cumpliera las recomendaciones emitidas por la CIDH en su informe de fondo, cosa que no ha hecho hasta el momento.
El caso se refiere a la desaparición forzosa de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman hace más de 30 años.
De acuerdo con el Cejil, la víctima y su esposo, Marcelo Gelman, fueron secuestrados por hombres armados el 24 de agosto de 1976 en su casa en Buenos Aires, Argentina.
Ella, que en ese momento tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses, fue llevada por militares uruguayos a Montevideo, donde dio a luz a una niña el 1 de noviembre, con la que permaneció hasta diciembre. Desde entonces se desconoce su destino.
La niña apareció dentro de una cesta en la puerta de la casa de un policía uruguayo, el 7 de enero de 1977, y fue bautizada como María Macarena.
Marcelo Gelman, por su parte, sufrió torturas en un centro clandestino de detención en Buenos Aires, donde permaneció hasta octubre de 1976, y en 1989 se descubrió que su cadáver fue sepultado en una tumba sin nombre en un cementerio.
El padre de Marcelo, el escritor argentino Juan Gelman, nunca dejó de buscar a su nieta y la encontró 23 años después, tras haber efectuado incansables gestiones en Uruguay y en otros lugares.
El Cejil alega que la vigencia de la denominada Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado constituye un obstáculo para la justicia y la eliminación de la impunidad.
Esta ley confiere inconstitucionalmente competencia al Poder Ejecutivo para decidir qué casos están amparados por la misma y por tanto limita la apertura e investigación de causas que tengan como objetivo investigar hechos y sancionar a los responsables de haber participado en operaciones represivas e ilegales bajo la última dictadura, afirma el Cejil.
Este centro, dijo en un comunicado que confía en que el litigio de este caso deje sin efecto la Ley de Caducidad en concordancia con la jurisprudencia constante de la Corte, que ha establecido que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
El CEJIL aspira a que la Corte ordene al Estado que adopte medidas para la plena reparación de las víctimas y la protección del derecho a la verdad de toda la sociedad.
