La CIDH no ha recibido ninguna notificación del Gobierno venezolano para salir del organismo regional, y espera que Caracas no inicie este trámite porque implicaría una mayor desprotección de las garantías fundamentales.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Canton, explicó hoy en rueda de prensa para presentar las audiencias que escuchará en su 138 periodo de sesiones, que se celebrará del 15 al 26 de marzo, que el Gobierno venezolano no ha iniciado ningún trámite para abandonar la entidad.
"No hemos recibido nada de lo que no tengan conocimiento ustedes, que sea público", dijo Canton escuetamente.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez dijo el pasado 25 de febrero que su Gobierno se prepara para "denunciar el acuerdo a través del cual se adscribió" a la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), a raíz del informe que la Comisión elaboró sobre ese país y en el que denunció que Caracas "atenta" contra los derechos humanos y la democracia.
Canton explicó que más allá de las "diferencias en el diálogo" que ha tenido la CIDH con Venezuela, que no ha permitido a la Comisión visitar el país, la nación andina ha participado hasta ahora en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha respondido a sus escritos y ha asistido a las audiencias, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana, en Costa Rica.
"La situación por ahora sigue igual que antes" de la disputa verbal sobre el reciente informe, señaló el titular de la CIDH.
La Comisión espera que Caracas no salga del organismo.
"Esperemos que no abandone el Sistema. Como órgano de protección de los derechos humanos del Sistema Interamericano consideramos que cuanto mayor participación haya por parte de los Estados, mayores serán las garantías de defensa" de los mismos.
"Queremos que todos (...) sean Estados activos del Sistema y retirarse indudablemente implica una desprotección mayor de los ciudadanos de los países que deciden retirarse", agregó.
Venezuela ha calificado de "inefable e ignominioso" el informe de la CIDH, con la que mantiene una tensa relación desde hace años, y más concretamente desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
Venezuela considera que la CIDH, mediante su secretario Ejecutivo, reconoció entonces al Gobierno de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona.
En opinión de Venezuela, la CIDH ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al Gobierno de Chávez.
No todos los 35 Estados integrantes de la OEA son "miembros completos" de la CIDH, dado que países como EE.UU., Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas y Cuba, no han firmado o ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de los dos principales instrumentos jurídicos de la Comisión.
El otro instrumento es la Declaración Americana de Derechos Humanos de la OEA, la cual han firmado todos los países miembro, dado que es parte de los documentos constituyentes del organismo.
Para denunciar la Declaración Venezuela tendría que abandonar la OEA, algo que es poco probable que haga, de manera que la única manera para "salirse" de la CIDH es denunciar la Convención.
No obstante, aunque Caracas denuncie la Convención, la CIDH seguiría teniendo competencia sobre Venezuela, con base en la Declaración.
Eso significa que podría seguir elaborando informes sobre ese país y denunciar públicamente casos de violaciones a los derechos humanos, al igual que lo hace con EE.UU. y Cuba por ejemplo.
Lo único que ya no podría hacer es enviar los casos a la Corte.
De momento, el único país que ha denunciado la Convención ha sido Trinidad y Tobago, en el año 1998, después de una sentencia de la Corte sobre tres personas condenados a pena de muerte.
