La Corte Suprema de Argentina analizará el próximo 19 de mayo un recurso extraordinario contra una resolución de la Justicia que frenó la aplicación de la polémica Ley de Medios Audiovisuales, informaron hoy fuentes judiciales.
Mientras tanto, uno de los jueces que suspendió la aplicación de la norma, aprobada por el Parlamento en octubre pasado ante el rechazo de los grandes grupos de medios del país, denunció haber sido presionada por una organización "piquetera" oficialista, según publica el portal electrónico del diario La Nación.
El máximo tribunal del país recibió hoy el expediente y en su sesión del día 19 decidirá si el recurso, presentado por el Gobierno, reúne los requisitos formales para su tratamiento, en cuyo caso dará intervención al Procurador General de la Nación.
El pasado viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza (oeste) declaró "admisible" el recurso extraordinario contra un fallo de este mismo tribunal que había confirmado en marzo la suspensión de la aplicación de la norma y elevó la causa a la Corte.
"Tengo la fuerte esperanza" de que "el sistema judicial argentino subsane la decisión (...) de interrumpir" la aplicación de la ley, señaló ese día la presidenta argentina, Cristina Fernández.
Según la mandataria, de aplicarse, la ley permitirá que "absolutamente todas las voces pudieran escucharse en todos los lados", lo que "todavía no se puede hacer".
En marzo pasado, el tribunal mendocino había confirmado una medida cautelar dictada en diciembre por la jueza Olga Pura de Arrabal, que había suspendido de forma temporal la aplicación de la ley.
La resolución de la magistrada supuso uno de los varios reveses judiciales que sufrió la polémica ley, que sustituyó a otra que databa de la última dictadura (1976-1983).
Según publica hoy el sitio web de La Nación, la magistrada denunció ante la Corte Suprema que una organización de "piqueteros" afín al Gobierno le inició un juicio por daños y perjuicios después de haber dictado la medida cautelar, lo que consideró una situación de gravedad institucional.
Entre otros puntos, el texto de la ley establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión -catorce menos que el límite actual- y que tampoco puede ser titular de un canal de televisión en abierto y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado.
Tanto el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como el de Cristina Fernández, su esposa y sucesora, han mantenido una tirante relación con la prensa.
En los últimos años se ha profundizado su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
