La Corte Constitucional de Colombia declaró hoy "inexequible" la declaración de emergencia social, expedida por el Gobierno en 2009, por la cual dictó medidas para recoger recursos y financiar el sector de la salud a punto de colapsar por falta de dinero.
Así lo aseguró a periodistas el presidente de la Corte, el magistrado Mauricio González, quien aclaró sin embargo que la vigencia de los decretos gubernamentales se extenderá hasta el 16 de diciembre de este año.
Para cinco de los nueve magistrados del ente la declaratoria de emergencia no contó con los requisitos necesarios para ser convocada.
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, dijo que "el Gobierno nacional, como siempre lo ha hecho, respeta y acata la decisión de la Corte".
Explicó que de todos modos el Gobierno del presidente Álvaro Uribe hará un "análisis juicioso de la decisión de la Corte" y señaló que la próxima semana estará presentando ante el Congreso un proyecto de ley con "mensaje de urgencia".
Aclaró que en el transcurso de las próximas horas se analizarán las alternativas que tiene el Gobierno para poder garantizar la prestación de los servicios de salud en todo el país.
Aunque el ministro Palacio no entregó detalles del proyecto, apuntó que "se tiene toda una estrategia" que la van a organizar, una vez se conoció el fallo de la Corte.
El Gobierno colombiano decretó el estado de emergencia, previsto en la Constitución, el pasado 23 de diciembre y, en las cuatro semanas siguientes, promulgó al menos una quincena de normas que crearon una gran polémica, pues se consideró que las iniciativas no fueron consultadas e iban en detrimento de los pacientes.
La declaración se emitió para poder expedir decretos sin intervención del legislativo y enfrentar la crisis (económica, principalmente) en los servicios de salud y de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Ante ese revés, el presiente Uribe se vio precisado a salir a defender las bondades de la emergencia y los decretos, pero eso no fue suficiente para acallar las voces de descontento.
Esas medidas generaron marchas en buena parte de las principales ciudades del país y varias fueron retiradas por el Gobierno, que en todo caso estaba pendiente del fallo de la Corte Constitucional.
Cobijado con la emergencia social, el Ejecutivo dictó decretos que elevaron los impuestos a las cervezas, a los cigarrillos y juegos de azar, entre otros.
La Corte justificó extender la vigencia de los decretos al considerar que "hay hechos realmente graves que afectan la seguridad social en salud y los derechos de acceso a la salud, especialmente de los sectores más vulnerables".
