El caso Gelman, un catálogo de atrocidades de la dictaduras del Cono Sur
Bogotá, 24 mar (EFE).- El llamado caso Gelman, por el que el Estado uruguayo ha sido condenado por primera vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es casi un catálogo de las atrocidades cometidas en las décadas de 1970 y 1980 por los regímenes militares del Cono Sur y un ejemplo de la cooperación entre ellos.
Secuestro, tortura, asesinato, desaparición y robo de un bebé son algunos de los delitos que las víctimas del caso, el hijo, la nuera y la nieta del poeta argentino radicado en México Juan Gelman, Premio Cervantes 2007, padecieron.
Marcelo Gelman fue asesinado después de haber sido secuestrado, encarcelado ilegalmente y torturado en Argentina, en 1976.
Su esposa María Claudia García, que tenía 19 años y estaba embarazada, fue secuestrada y detenida junto a él, pero fue trasladada a Uruguay, como parte de la llamada Operación Cóndor, de colaboración entre los regímenes militares.
En Uruguay dio a luz a una niña en instalaciones militares a fines de 1976 y después no volvió a saberse de ella.
La niña fue dada a un policía uruguayo, con quien se crió hasta los 23 años (año 2000), cuando fue localizada y recuperó su identidad.
Juan Gelman, que tuvo que exiliarse en 1975 debido a amenazas de la organización ultraderechista Triple A y que realizó desde fuera de su país una labor internacional de denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura argentina, afirma que no recibió colaboración de la autoridades uruguayas para encontrar a su nieta.
Según él y su nieta, solo su tenacidad y la de otros familiares y activistas de derechos humanos permitió encontrar a Macarena.
El caso Gelman ha dado lugar a varias causas judiciales en Argentina (Operación Cóndor y robo de bebés), en las que Macarena ha sido testigo.
También hay una causa abierta en Uruguay en razón de una demanda de Macarena Gelman, pero se ve obstaculizada por la Ley de Caducidad o punto final, ratificada en dos ocasiones por la ciudadanía, que libró de juicios a los implicados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Por ese motivo Gelman y su nieta Macarena demandaron al Estado uruguayo ante la Corte IDH, que escuchó sus argumentos en una audiencia celebrada en noviembre de 2010 en Quito, en la que también participó Carlos Mata, en nombre del Estado uruguayo.
Mata reconoció la responsabilidad del Estado uruguayo en las violaciones de los derechos humanos pero solo hasta 1985, el año en que asumió un gobierno democrático, pero esa postura no satisfizo a Macarena ni tampoco a organizaciones de derechos humanos que alegan que en democracia se siguieron violando los derechos de los desaparecidos pues no se investigaron sus casos.
"Yo fui encontrada en el año 2000, sin la intervención del Estado, el Estado tomó una intervención posterior, por lo cual mis derechos mientras estuve desaparecida se seguían violando", dijo Macarena Gelman a Efe en Quito cuando tuvo lugar la audiencia.
En su alegato, Mata defendió la actuación de Uruguay en este caso y apuntó que hubo una Comisión de la Verdad, que emitió un informe en 2003 que incluyó el caso Gelman, y que existe una investigación judicial abierta al respecto.
Durante el Gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez (2005-2010) se hicieron en Uruguay varias investigaciones en instalaciones militares para determinar si se había enterrado a desaparecidos, incluyendo a María Claudia García, de manera clandestina, pero no se hallaron los restos de la madre de Macarena.
Ahora, la Corte Interamericana (Corte IDH) ha dado la razón a los Gelman en una sentencia conocida hoy que responsabiliza al Estado uruguayo de la desaparición de la madre de Macarena y de la supresión de identidad de la joven, para la que fija una indemnización de 185.000 dólares.
Además, la sentencia obliga al Estado uruguayo a realizar una investigación de los hechos "a fin de esclarecerlos y determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas", incluyendo la localización de María Claudia García o "sus restos mortales".
Además, "el Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación", apunta el texto.
En cuanto a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la Corte IDH manifestó que "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".
Secuestro, tortura, asesinato, desaparición y robo de un bebé son algunos de los delitos que las víctimas del caso, el hijo, la nuera y la nieta del poeta argentino radicado en México Juan Gelman, Premio Cervantes 2007, padecieron.
Marcelo Gelman fue asesinado después de haber sido secuestrado, encarcelado ilegalmente y torturado en Argentina, en 1976.
Su esposa María Claudia García, que tenía 19 años y estaba embarazada, fue secuestrada y detenida junto a él, pero fue trasladada a Uruguay, como parte de la llamada Operación Cóndor, de colaboración entre los regímenes militares.
En Uruguay dio a luz a una niña en instalaciones militares a fines de 1976 y después no volvió a saberse de ella.
La niña fue dada a un policía uruguayo, con quien se crió hasta los 23 años (año 2000), cuando fue localizada y recuperó su identidad.
Juan Gelman, que tuvo que exiliarse en 1975 debido a amenazas de la organización ultraderechista Triple A y que realizó desde fuera de su país una labor internacional de denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura argentina, afirma que no recibió colaboración de la autoridades uruguayas para encontrar a su nieta.
Según él y su nieta, solo su tenacidad y la de otros familiares y activistas de derechos humanos permitió encontrar a Macarena.
El caso Gelman ha dado lugar a varias causas judiciales en Argentina (Operación Cóndor y robo de bebés), en las que Macarena ha sido testigo.
También hay una causa abierta en Uruguay en razón de una demanda de Macarena Gelman, pero se ve obstaculizada por la Ley de Caducidad o punto final, ratificada en dos ocasiones por la ciudadanía, que libró de juicios a los implicados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Por ese motivo Gelman y su nieta Macarena demandaron al Estado uruguayo ante la Corte IDH, que escuchó sus argumentos en una audiencia celebrada en noviembre de 2010 en Quito, en la que también participó Carlos Mata, en nombre del Estado uruguayo.
Mata reconoció la responsabilidad del Estado uruguayo en las violaciones de los derechos humanos pero solo hasta 1985, el año en que asumió un gobierno democrático, pero esa postura no satisfizo a Macarena ni tampoco a organizaciones de derechos humanos que alegan que en democracia se siguieron violando los derechos de los desaparecidos pues no se investigaron sus casos.
"Yo fui encontrada en el año 2000, sin la intervención del Estado, el Estado tomó una intervención posterior, por lo cual mis derechos mientras estuve desaparecida se seguían violando", dijo Macarena Gelman a Efe en Quito cuando tuvo lugar la audiencia.
En su alegato, Mata defendió la actuación de Uruguay en este caso y apuntó que hubo una Comisión de la Verdad, que emitió un informe en 2003 que incluyó el caso Gelman, y que existe una investigación judicial abierta al respecto.
Durante el Gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez (2005-2010) se hicieron en Uruguay varias investigaciones en instalaciones militares para determinar si se había enterrado a desaparecidos, incluyendo a María Claudia García, de manera clandestina, pero no se hallaron los restos de la madre de Macarena.
Ahora, la Corte Interamericana (Corte IDH) ha dado la razón a los Gelman en una sentencia conocida hoy que responsabiliza al Estado uruguayo de la desaparición de la madre de Macarena y de la supresión de identidad de la joven, para la que fija una indemnización de 185.000 dólares.
Además, la sentencia obliga al Estado uruguayo a realizar una investigación de los hechos "a fin de esclarecerlos y determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas", incluyendo la localización de María Claudia García o "sus restos mortales".
Además, "el Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación", apunta el texto.
En cuanto a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la Corte IDH manifestó que "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".
