La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, escuchó hoy los argumentos del Estado venezolano y de la jueza María Cristina Reverón, quien afirma haber sido víctima de una destitución ilegal en 2002 y sobre todo de no haber sido restituida a pesar de reconocerse la irregularidad.
Los jueces escucharon en audiencia pública a testigos y peritos presentados por las partes, y en los próximos meses podría dictar sentencia sobre el caso.
Rafael Chavero, representante de la víctima, explicó a Efe que lo más grave del caso no fue la destitución ilegal de Reverón, sino que aunque la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano judicial de Venezuela, anuló el despido, no ordenó su restitución en el cargo.
"La Sala le dio la razón pero no la reincorporaron a su cargo ni le pagaron los salarios dejados de percibir alegando un proceso de reestructuración, que lo que ha implicado es que los jueces venezolanos sean considerados como de libre nombramiento o remoción; prácticamente nombrados a dedo o despedidos a diestra y siniestra", manifestó Chavero.
"Este sistema viola los derechos humanos y la autonomía del Poder Judicial. El caso no afecta solo la situación personal de María Cristina Reverón, sino es un cuestionamiento de cómo el Estado no resuelve los asuntos de los particulares y un cuestionamiento de cómo se maneja el Poder Judicial en Venezuela, que hace a los jueces permeables a otros tipos de intereses", añadió.
El abogado defensor indicó que el objetivo es que la Corte ordene la restitución de la jueza y el pago de los salarios dejados de percibir, además de reconocer la "necesidad de acabar con los sistemas de la justicia provisoria y dictar códigos de ética".
"Hay muchos jueces, centenares de jueces, que han sido removidos de sus cargos sin ningún tipo de explicación o justificación; es la forma en que se maneja el Poder judicial, generalmente les envían la carta después de que han dictado alguna sentencia que no gusta", subrayó.
Por su parte, Isaías Rodríguez, asesor del Estado venezolano para el caso, señaló a Efe que en su país "los jueces dictan decisiones totalmente autónomas".
Según Rodríguez, Reverón no debió acudir a la Corte Interamericana porque ya existe una sentencia a su favor en la Justicia venezolana.
"La Comisión nunca debió sustanciar esta causa y menos traerla a la Corte, es hacerle perder tiempo a la Corte y al Estado y utilizar estas instancias con un objetivo distinto a la reivindicación de derechos; pareciera que hay un acoso político a Venezuela", expresó.
El representante del Estado insistió en que "no hubo agresión contra la jueza puesto que se anuló la decisión de destitución. A nuestro juicio si el tribunal nuestro competente anula la sanción, no hay razón para que se sienta lesionada".
Sobre la no reincorporación de Reverón a su cargo, Rodríguez apuntó que "en ese momento existía en el país un proceso de reestructuración del Poder Judicial, en el que es indispensable hacer un curso de formación de jueces para optar para el concurso público", pero que ella ha tenido la oportunidad de participar.
