La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado guatemalteco por la falta de investigación de la masacre de 251 personas en el poblado de Las Dos Erres, perpetrada por militares en diciembre de 1982, cuando el país era gobernado por el general José Efraín Ríos Montt.
Los jueces declararon culpable a Guatemala por violaciones al derecho a la protección judicial, a la protección a la familia y a la integridad personal.
"La Corte constata que la Masacre de Las Dos Erres se enmarcó en un contexto sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos en Guatemala, en el cual ocurrieron múltiples masacres", indica la sentencia con fecha del 24 de noviembre y publicada hoy en la página de internet del tribunal.
Agrega que "dada la magnitud de la masacre, así como el contexto generalizado de violencia ejercida por el Estado, resulta evidente que éste debe investigar seriamente a todos los presuntos responsables, incluyendo la participación intelectual de altos oficiales y funcionarios estatales".
Los jueces afirmaron que "el actuar de la judicatura del Estado y la falta de voluntad y desinterés de las autoridades han impedido el acceso a la justicia de las víctimas, y convertido el aparato judicial en un sistema indiferente ante la impunidad".
Por todo lo anterior, los jueces ordenaron al Estado guatemalteco investigar "de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables".
Guatemala también deberá iniciar acciones disciplinarias, administrativas o penales "contra las autoridades del Estado que puedan haber cometido y obstaculizado la investigación de los hechos".
Además está en la obligación de exhumar, identificar y entregar los restos de las personas fallecidas en la matanza de Las Dos Erres a sus familiares, así como implementar cursos de capacitación en derechos humanos a sus autoridades estatales.
El Estado también deberá levantar un monumento en honor de las víctimas de la masacre y brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas que así lo requieran.
En cuanto a reparaciones económicas, los jueces ordenaron el pago de 20.000 dólares para cada uno de 153 familiares de las víctimas de la masacre, así como 66.000 dólares por otros daños materiales, inmateriales y el pago de costos del proceso.
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son inapelables y de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo continental.
