La defensa de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, detenida desde diciembre de 2009 por la supuesta liberación irregular de un empresario, solicitó hoy la nulidad del proceso penal en su contra al argumentar que ningún magistrado puede ser censurado o sometido por haber dictado una decisión judicial.
"Presentamos una solicitud de nulidad de todo el procedimiento penal", declaró a Efe el abogado de Afiuni, José Amalio Graterol, quien detalló que el pedido lo consignaron ante el tribunal número 17 de Caracas, encargado de la causa contra Afuini.
Graterol explicó que la petición se fundamentó en una sentencia aprobada por la sala plena del Tribunal Suprema de Justicia (TSJ), fechada el 8 de febrero de 2012 y publicada el pasado 30 de abril.
"Dentro del razonamiento de esta decisión, que es firmada por todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, queda claro que ningún juez de la República puede ser censurado o sometido a un proceso penal por el hecho de haber dictado una decisión judicial", explicó Graterol.
El jurista indicó que en su solicitud advirtieron, además, "todas las irregularidades" que, a su juicio, se han presentado durante el proceso en contra de la jueza, entre los que mencionó que fue privada de libertad sin ningún tipo de orden o procedimiento, además de que fue suspendida del cargo sin procedimiento alguno.
El tribunal tiene tres días hábiles para pronunciarse, añadió el letrado.
Afiuni está detenida desde 2009 por presuntamente facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales, y se encuentra desde febrero de 2010 en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.
Durante un mensaje televisado en diciembre de 2009, el presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que la liberación de Cedeño fue planificada entre los abogados del empresario, la jueza, secretarias y alguaciles del tribunal con una citación a una audiencia sin la presencia del fiscal y pidió la "máxima pena" para Afiuni.
Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI), han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de Afiuni alegando que en este caso hay una "indebida interferencia política" por parte del Ejecutivo.
Por otra parte, Graterol informó que la jueza del tribunal número 17 de Caracas, Marilda Ríos Hernández, le concedió un permiso a Afiuni para que se traslade el próximo 7 de mayo a un centro médico privado para practicarse un chequeo debido a que sufre una afección "muy dolorosa".
Señaló, igualmente, que Ríos Hernández ordenó el sorteo de "escabinos", como se conoce a las personas de la comunidad que actúan en calidad de jurados.
Graterol precisó que a lo largo del proceso contra Afiuni han sido designados nueve magistrados, debido a recusaciones de la defensa, inhibiciones y la rotación propia de los jueces.
