La defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, confirmó hoy que hubo 18 heridos en el enfrentamiento de manifestantes con la Policía ayer en el poblado de Kiteni, región Cuzco, a pesar de que el Gobierno asegura que no se han usado armas de fuego.
Merino declaró a Radio Programas del Perú (RPP) que el director del centro de salud de Kiteni le informó del ingreso de ese número de lesionados por heridas con balas de goma (fogueo) y de fuego, a raíz de las protestas contra la exportación del gas del yacimiento de Camisea, ubicado en Cuzco.
La defensora del Pueblo aseguró que, junto a la Iglesia católica, están intentando que los líderes de la protesta acepten dialogar con el Gobierno y también los instó a levantar el paro indefinido, que llegó hoy a su décimo día.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, declaró también a RPP que esa información no era cierta porque "no se están usando armas de fuego" en el control de la protesta por parte de la policía nacional.
En su lugar, Velásquez acusó al presidente regional de Cuzco, Hugo Gonzales, que hizo ayer esa denuncia, de desinformar a la población con declaraciones que "solo alientan la violencia".
En tanto, el corresponsal del canal N que se trasladó a Kiteni informó hoy que sólo tres de los heridos atendidos ayer en el centro de salud permanecen internados por la gravedad de sus lesiones.
El primer ministro peruano también acusó a los alcaldes del distrito de Echarate, de la ciudad de Quillabamba y de Kiteni de apoyar las protestas, dando vehículos para el transporte de los manifestantes, y por ese motivo les pidió actuar con madurez.
Afirmó que las autoridades locales han sido rebasadas por dirigentes violentistas de grupos políticos como Pukallaqta, vinculado a la banda armada Sendero Luminoso, y el etnocacerismo, una de las organizaciones de base del opositor Partido Nacionalista Peruano.
"Los etnocaceristas apoyados por los nacionalistas atentaron contra un campamento y quisieron tomar el aeródromo (de Kiteni)", dijo Velásquez en posteriores declaraciones a canal N.
El primer ministro reiteró que el Gobierno central tiene disposición al diálogo, pero que no lo hará mientras no se depongan las medidas de fuerza.
Velásquez afirmó que la provincia de La Convención, donde se concentran las protestas, recibe anualmente 400 millones de soles (142 millones de dólares) como regalías por la explotación del gas natural y que hay reservas suficientes para la exportación y el consumo interno.
Las protestas se han dirigido en los últimos días a la toma de varios campamentos del yacimiento de Camisea, la destrucción de equipos en esos lugares y el bloqueo de las carreteras de acceso en La Convención.
