La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, defendió en un discurso dado a conocer hoy la relevancia de las Convenciones de Ginebra, después de que la anterior administración del presidente George W. Bush las ignorara en la lucha contra el terrorismo.
"Algunos han calificado en años recientes a las Convenciones de Ginebra de anticuadas para la lucha contra un enemigo que no sirve a ningún Estado, se oculta entre los civiles y viola constantemente las leyes", dijo la diplomática en un discurso pronunciado el jueves por videoconferencia durante un acto en la biblioteca del Congreso, en Washington.
En la intervención, difundida hoy por la Misión de EE.UU. ante la ONU, Rice aseguró que las Convenciones, que el pasado agosto cumplieron 60 años, fortalecen y no debilitan la posición de Washington porque le da una ventaja moral.
"Si acaso, el conflicto que libramos hoy en Afganistán, y la más amplia lucha contra la violencia extremista y los terroristas, hace incluso más relevantes e importantes las Convenciones de Ginebra", afirmó la embajadora de EE.UU., que forma parte del gabinete del presidente Barack Obama.
Recordó que la guerra que libra EE.UU. en Afganistán y en otros lugares del mundo "no es para ganar territorio, sino la confianza y el respeto de la población".
"Las reglas que adoptamos crean un marco que resta legitimidad a quienes secuestran, o envían camiones cargados de explosivos contra edificios de apartamentos, o lanzan cohetes contra barriadas civiles", afirmó.
El entonces presidente George W. Bush firmó el 7 de febrero de 2002 un memorando anulando el Artículo 3 de las Convenciones de Ginebra, que se refiere al tratamiento de prisioneros de guerra, para detenidos de Al Qaeda y los talibán.
El Gobierno calificó a estos detenidos como "combatientes enemigos", los trasladó a la prisión de Guantánamo, e indicó que no les correspondían las protecciones de las Convenciones de Ginebra, dado que no eran miembros de organizaciones militares formales.
En contraste, el Gobierno de Obama ha expresado su voluntad de adherirse a la legislación internacional en materia de derechos humanos y ordenó el cierre de Guantánamo para el 20 de enero de 2010.
Sin embargo, la Casa Blanca ha admitido que es improbable que se pueda cumplir el plazo, entre otras cosas porque hasta ahora no ha sido posible determinar qué hacer con una serie de casos que no se pueden extraditar a terceros países o juzgar en tribunales militares.
