La Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN, por su sigla en inglés), expresó hoy su preocupación por el creciente fenómeno de la violencia y la crisis alimentaria en Guatemala.
Al término de una visita de 13 días a Guatemala, una misión internacional integrada, entre otras por la FIAN, concluyó hoy en que "es preocupante el creciente fenómeno de la violencia y amenazas en contra de líderes sociales, comunitarios, indígenas, campesinos y sindicalistas que defienden los derechos humanos de la población".
Un representante de la organización, Martín Wolpold-Bosien, dijo en una rueda de prensa en un hotel capitalino, que la misión estudió durante su visita el derecho a la alimentación y la problemática que sufren los defensores de los derechos humanos.
La misión, añadió, constató que "la crisis alimentaria constituye una seria y persistente amenaza para el desarrollo del país y el bienestar de sus pobladores, en particular de los indígenas y campesinos".
Aunque la respuesta gubernamental ante la crisis ha sido ágil con el apoyo internacional, "las políticas del Estado no han contemplado ni implementado el marco del derecho a la alimentación para cumplir con el respeto, protección y garantía de la población", sostiene.
En su informe preliminar, la misión señala que se constataron violaciones en desalojos forzosos, la expansión de la producción para agrocombustibles y proyectos mineros que afectan el derecho al agua y a la vivienda y por ende a la alimentación.
En los casos que se verificaron durante la visita y que incluyen conflictos de tierras y construcción de hidroeléctricas, se "observó discriminaciones múltiples de las mujeres con relación a sus derechos laborales, a la alimentación, la salud, acceso a la tierra y el agua", añade.
Según el informe, la misión también anota que es "preocupante el creciente fenómeno de la violencia" y la "elevada propensión a la criminalización de defensores de derechos humanos".
Fernando Mejía, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que integró la delegación, dijo que "lamentablemente los altos niveles de violencia en contra de los defensores muestran signos críticos en Guatemala".
Detalló que en los primeros 10 meses de 2009 se registraron 339 agresiones contra estos promotores de los derechos humanos, mientras que durante todo el 2008 hubo 220.
"Esto significa un deterioro muy profundo", señaló Mejía, al exhortar a las autoridades guatemaltecas a poner fin a la impunidad y sancionar a las instituciones y agentes del Estado que limitan las garantías de los defensores.
La misión recomienda al Estado acabar con las políticas que favorecen el éxodo rural, que ponga fin a los desalojos y de prioridad a la democratización del acceso y tenencia de la tierra, y una reforma agraria integral que fomente la agricultura familiar.
Además que los programas sociales que impulsa el gobierno sean más equitativos, transparentes y sin discriminación, y que se asegure el acceso efectivo de la población al sistema de justicia.
A la comunidad internacional, la misión recomienda seguir apoyando política y financieramente los esfuerzos para enfrentar la crisis alimentaria, y revisar sus políticas que fomentan la inversión en proyectos mineros y energéticos para prevenir violaciones al derecho a la alimentación y el agua, entre otros.
Además de la FIAN y la OMCT, la delegación la integraron representantes de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), la Coalición de Agencias Católicas para el Desarrollo (CIDSE) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Los resultados de la visita serán entregados, entre otros, al Parlamento Europeo, a las Naciones Unidas y al Estado guatemalteco, además de organizaciones civiles nacionales e internacionales.
