La fiscal costarricense, Gisele Rivera, quien estuvo a cargo de una unidad de investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), afirmó hoy que al magistrado español Carlos Castresana le faltó firmeza al frente de ese ente para denunciar algunos casos.
Rivera, quien trabajó en la Cicig del 1 de abril de 2008 al 15 de diciembre de 2009, cuando renunció, dijo en conferencia con corresponsales de prensa extranjera que descubrió una estructura paralela dentro de instituciones estatales guatemaltecas que se encargaba de efectuar "ejecuciones extrajudiciales" y "limpieza social".
Sin embargo, dijo, Castresana no envió el caso al Ministerio Público porque "no era el momento político".
Castresana renunció en junio pasado al cargo, aduciendo falta de apoyo del Estado para combatir la impunidad, y por una campaña de desprestigio en su contra.
Rivera, quien prefirió no profundizar en el caso, criticó a Castresana "porque no tuvo la fortaleza para cumplir con el mandato" de la Cicig, que era descubrir, desmantelar y promover juicios contra estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco.
"Califico su labor como muy política. Creo que quedó debiéndole a Guatemala por tanto no desmanteló una estructura, lo cual describe su mandato, a pesar que tuvo un equipo que hizo las investigaciones", aseguró la fiscal costarricense.
Aseguró que el jurista español "obedeció mucho a grupos de poder de ese país y a los juegos políticos", y que "esos grupos lo vencieron porque no tuvo la capacidad de confrontarlos y guardar una distancia".
A inicios de agosto, Castresana visitó Costa Rica para poner al tanto de las investigaciones de la Cicig a su sucesor, el ex fiscal General costarricense Francisco Dall'Anese.
El 4 de agosto en San José, Castresana reaccionó ante unas declaraciones de Rivera sobre el trabajo de la Cicig, y dijo que la fiscal costarricense había estado sometida a mucho estrés y que no había cumplido bien con su trabajo.
"No fue capaz de resolver los casos que le fueron encomendados", expresó ese día el jurista español, quien aseguró sin dar más detalles, que la Cicig interpuso una denuncia penal y disciplinaria contra Rivera, y además solicitó una evaluación psicológica de ella.
Sobre Dall'Anese, Rivera dijo que recibió una Cicig "cuestionada" y "debilitada" y que existen diversas estructuras por investigar como la de las adopciones ilegales.
La Cicig, que inició operaciones en 2007, es fruto de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tiene en marcha más de 25 investigaciones criminales relacionadas con grupos "paralelos de poder".
