La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, defendió hoy la actuación "responsable" de su oficina en el caso de las toneladas de alimentos importados por la estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y que se habrían descompuesto estacionados en puertos del país.
"Presuntamente pudiese existir la comisión de varios delitos en la recepción y distribución (...) PDVAL es la responsable de la recepción, supervisión, almacenamiento y distribución de los alimentos ", afirmó Ortega durante una rueda de prensa.
La fiscal general señaló que prueba de la "responsable" actuación del Ministerio Público es que se encuentran "privados de libertad" tanto el ex presidente de PDVAL Luis Pulido, como los dos ex gerentes de operaciones y logística, que ocuparon esos cargos en 2008.
Agregó que se ha dictado "una orden de captura contra otras dos personas", que no identificó, "quienes hasta ahora se han sustraído de la Justicia".
Ortega no descartó "ninguna nueva investigación, posibles aprehensiones, ni ninguna diligencia de investigación".
El escándalo de los alimentos descompuestos se destapó a finales de mayo pasado, cuando se denunció el hallazgo de 30.000 kilos putrefactos, importados entre 2008 y 2009 por la empresa estatal, en contenedores almacenados en el Puerto Cabello, el mayor del país ubicado en el estado de Carabobo (centro-norte).
A partir de entonces, la oposición ha denunciado la existencia de más contenedores con alimentos supuestamente dañados que habrían elevado la cifra hasta las 122.000 toneladas, y han insistido en que el caso sería un ejemplo de la "ineficiencia" las empresas gestionadas por el Estado.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, calificó el hecho como "grave", al tiempo que acusó a la oposición de utilizar el caso para desprestigiar la revolución que comanda desde hace 11 años y de la que PDVAL es uno de sus grandes "logros" según ha dicho.
PDVAL estaba adscrita a la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), pero la semana pasada, por decreto, pasó a estar bajo el mando de la Vicepresidencia Ejecutiva del país.
Esa empresa estatal, junto con la red Mercal, ofrece productos básicos subsidiados a las clases populares, hasta un 40% por debajo de los precios "capitalistas", según datos oficiales.
El caso de los contenedores de comida descompuesta ha salido a la luz pública cuando el país caribeño registra intermitentes problemas de desabastecimiento de productos básicos y el sector de alimentos acumula una inflación de 20,5% en lo que va de año, según datos de Banco Central de Venezuela (BCV).
