La Fiscalía colombiana solicitó hoy que el general en retiro del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales sea condenado como responsable de la desaparición de once personas en el Palacio de Justicia, escenario en 1985 de un asalto rebelde y una retoma militar que se saldó con un centenar de muertos.
La petición fue presentada por la fiscal del caso, Ángela María Buitrago, en el primer día de la etapa de juicio contra Arias Cabrales, que por la época de los hechos se desempeñaba como comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional, con sede en la capital colombiana.
El juicio es seguido por la jueza 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, que abrió este martes tras dos aplazamientos solicitados por la defensa del militar.
En su intervención en esta audiencia, la fiscal Buitrago afirmó que "está probado y comprobado" que en el Palacio de Justicia también se presentaron casos de desaparición forzada.
Los desaparecidos eran empleados de la cafetería de la sede judicial, situada en el centro histórico de Bogotá y que el 6 de noviembre de 1985 fue ocupada por unos cuarenta rebeldes del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
Los insurgentes pretendían someter a un juicio político al presidente de entonces, el conservador Belisario Betancur (1982-1986) por no haber, supuestamente, facilitado un proceso de paz.
La ocupación rebelde fue seguida por una gigantesca operación de retoma militar y terminó al día siguiente con el edificio destruido por las llamas y las armas pesadas.
Unas cien personas, entre ellas once magistrados y los insurgentes, murieron en la edificación, de la que pudieron salir con vida o heridos, bien rescatados o liberados por los rebeldes, unos 150 funcionarios y visitantes.
Arias Cabrales fue procesado como presunto autor del delito de "desaparición forzada agravada" junto al coronel en retiro Alfonso Plazas, antiguo comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, a la que fueron trasladadas varias decenas de detenidos, entre ellas los desaparecidos.
El general Arias asumió el control de la operación contra los rebeldes desde un puesto de mando establecido en una casona histórica vecina, a la que eran llevados en primera instancia los arrestados, mientras que Plazas dirigía la redada en el terreno.
"No cabe duda de que él (Arias) coordinó, dirigió y supo que estas personas (las que desaparecieron) salieron del Palacio", sostuvo la fiscal Buitrago, para quien este caso estuvo rodeado de acciones que permiten concluir que hubo "un concurso para la desaparición forzada".
Además, la funcionaria judicial sostuvo que está comprobado que las fuerzas de seguridad estaban al tanto del plan guerrillero de toma del Palacio de Justicia, que no impidieron.
Ello explica el hecho de que once unidades tácticas se hayan tomado "de manera rápida y vertiginosa" el edificio del Poder Judicial, continuó la fiscal y apuntó que "no fue una actuación desprevenida, fue algo claro y contundente".
La fiscal advirtió, además, de que Arias ordenó el cambio y la desaparición de "evidencias (pruebas)", entre ellas armas y grabaciones de audio de conversaciones entre altos mandos militares, incluido Arias, que se identificaba en la operación como "Arcano 6".
