La fiscalía de La Paz estudia citar al ex presidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002) para que declare en la investigación sobre el uso de "gastos reservados" en el ministerio de Gobierno (Interior) entre 1997-2002.
El fiscal del caso, Félix Peralta, dijo a Efe que el Ministerio Público "notificará a todas aquellas autoridades" que fuera necesario para la investigación, entre las que puede estar Quiroga, si bien aún no ha convocado a ninguna porque todavía trabaja en la recolección de la información.
"Estamos solicitando el reporte a la Contraloría General del Estado, al ministerio de Gobierno y a Hacienda con respecto al descargo de rendición de cuentas en el tema de gastos reservados", señaló.
Por su parte, un colaborador de Quiroga dijo a Efe que, hasta que la citación no sea oficial, el ex presidente declina hacer declaraciones.
Los "gastos reservados" son fondos de libre disposición que han sido usados por los ministros de Gobierno (Interior) de anteriores gestiones y que la de Evo Morales los prohibió en su administración.
La investigación del fiscal Peralta se centra en la época de la segunda presidencia de Hugo Bánzer (1997-2001) y en el Gobierno posterior de Quiroga, y se inició después de que la Unidad de Investigaciones Financieras estableciera indicios de un uso presuntamente irregular de los gastos reservados.
Entre los investigados están Guillermo Fortún, ex ministro en la gestión de Bánzer y actual candidato a la alcaldía de La Paz por Acción Democrática Nacionalista (ADN), quien se "autoexilió" a Chile alegando que fue "injustamente" involucrado en la indagación.
El ex ministro ha sido involucrado en la supuesta malversación de 18 millones de bolivianos (unos 2,5 millones de dólares) de "gastos reservados" en su gestión como ministro de Gobierno de Bánzer, de quien Quiroga fue vicepresidente entre 1997 y 2001.
Quiroga asumió la presidencia de Bolivia en 2001 tras las renuncia por enfermedad de Bánzer, cuando entonces nombró como ministro de Gobierno a Leopoldo Fernández, actualmente preso, acusado de un genocidio durante su gestión como gobernador en la región de Pando.
Más de una centena de opositores al Gobierno de Morales que enfrentan diversos procesos judiciales promovidos en su mayoría por el oficialismo han abandonado el país en los últimos cuatro años, con el argumento de que son víctimas de una "persecución política" y que no tendrán un juicio justo en Bolivia.
