El Ministerio Público Federal de Brasil anunció hoy la apertura de una investigación para averiguar si el Senado contaba con cuentas bancarias secretas, como había denunciado la prensa local, contribuyendo a agravar la crisis de la institución.
Los fiscales Bruno Acioli, Anna Carolina Resende y José Alfredo Silva justificaron la apertura de la investigación porque la falta de registro de las cuentas en la contabilidad oficial de la cámara alta o en los sistemas de control de gastos públicos puede incurrir en un delito contra el patrimonio público.
La Fiscalía va a solicitar al presidente del Senado, José Sarney, los documentos relativos a la creación y gestión de las supuestas cuentas secretas que podrían haber sido utilizadas para realizar "préstamos a fondo perdido" a senadores, denunció el diario Folha de Sao Paulo.
El propio Sarney se convirtió en el centro de otra polémica este fin de semana, puesto que la revista Veja publicó que el senador tenía una cuenta bancaria secreta en el exterior manejada por Edemar Cid Ferreria, un polémico banquero condenado por los desvíos que provocaron la quiebra del banco Santos.
El ex presidente brasileño (1985-1990) se ha convertido en el eje de una serie de escándalos que mantienen al Senado paralizado hace casi seis meses y que han llevado a varios partidos políticos, tanto de la oposición como aliados del Gobierno, a exigir su dimisión o su alejamiento del cargo.
Sarney también ha sido acusado de un rosario de irregularidades o deslices éticos, como no declarar a la justicia electoral una mansión o negar en la tribuna del Senado su vinculación con una fundación que lleva su nombre y a la que se acusa de beneficiarse de millonarios patrocinios de la estatal Petrobras.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha salido en la defensa del ex gobernante, que es un destacado miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el que tiene un mayor peso en la coalición de Gobierno.
Para calmar los ánimos, esta semana Sarney decretó la anulación de 663 decisiones administrativas secretas que había tomado el Senado en los últimos años y que habían sido cuestionadas porque ampararon algunos casos de nepotismo y sirvieron para elevar el salario de parientes y apadrinados de senadores.
Una de las principales causas de la actual crisis es precisamente el descubrimiento de que esta institución paga salarios a cerca de 10.000 funcionarios, la mayoría de los cuales ni si quiera tiene una función definida o un espacio para trabajar en sus dependencias.
