El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió hoy el arresto del líder libio, Muamar al Gadafi, bajo acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
Junto a Gadafi, Ocampo solicitó la detención de otras dos personas del entorno más cercano de Gadafi: su segundo hijo, Saif el Islam, y su cuñado Abdulá el Senusi, jefe de la inteligencia militar del régimen.
Los tres forman un triángulo fundamental del régimen libio, según Ocampo, con Gadafi como "autoridad absoluta", su hijo como "primer ministro de facto" y El Senusi como "mano derecha" y ejecutor de los crímenes, en alusión a los ataques contra la población civil.
"El objetivo de Gadafi era preservar su autoridad absoluta (...), la cual usó para cometer los crímenes", explicó el fiscal argentino, refiriéndose a los insurgentes árabes como una pieza clave en la "denuncia" de los presuntos delitos.
"Los árabes están cambiando el mundo", insistió sobre las diferentes revueltas en el mundo musulmán, donde la población se está levantando contra regímenes como los de Egipto, Libia, Siria y Túnez.
En el caso libio, el fiscal aseguró que su oficina ha recogido "pruebas fuertes", incluidas órdenes directas de Gadafi para ataques contra civiles.
Ocampo recordó que las fuerzas gadafistas "atacaron a gente en sus casas y las vías públicas, dispararon a manifestantes con fuego real, usaron armamento pesado contra participantes en funerales y situaron francotiradores para matar a los supervivientes".
Esos crímenes de lesa humanidad -explicó- se cometieron a partir del pasado 15 de febrero y todavía se siguen produciendo bajo el control "personal" del líder.
Tras el paso dado hoy por la Fiscalía, son los jueces los que tienen ahora la palabra, pudiendo decidir "en semanas o meses", según Ocampo, si aceptan la solicitud de arresto, la rechazan o piden información adicional a los fiscales antes de tomar una decisión.
Sin adelantar sus expectativas sobre la opinión de los magistrados, Ocampo aclaró que de emitirse la orden de arresto, ésta no irá dirigida a la comunidad internacional, sino "a las autoridades libias, que están obligadas a ejecutar" las órdenes de la Corte.
El fiscal reconoció a este respecto que no existe ningún acuerdo con Libia que garantice la ejecución de la eventual orden de arresto contra los tres sospechosos, pero aclaró que cuenta con pruebas tan "fuertes" que su oficina está "casi lista para empezar un juicio" contra Gadafi y sus allegados.
Mientras los jueces deliberan sobre la orden de arresto de los hasta ahora identificados como "máximos responsables" -que no los únicos- de los crímenes en Libia, la Fiscalía continúa con sus investigaciones, extendiéndolas a presuntos crímenes de guerra que podrían incluir, entre otros, "violaciones" de índole sexual.
Ocampo resaltó la rapidez con la que su oficina está realizando la investigación en Libia desde que el caso le fue remitido el pasado febrero por el Consejo de Seguridad de la ONU.
"Hace menos de tres meses que se nos pidió una investigación imparcial, y hoy ya estamos pidiendo órdenes de arresto", dijo el fiscal al inicio de la rueda de prensa.
La Fiscalía, en la que trabaja la española Dolores Delgado, ha presentado un documento de 74 páginas y 9 anexos a los jueces de la Cámara Preliminar que debe decidir sobre los posibles arrestos.
Ocampo consideró que la rapidez de la investigación tiene que ver con el "consenso" internacional para investigar los presuntos crímenes cometidos en Libia y la decisión unánime de remitirlos a la CPI.
La Corte Penal Internacional, creada en 2002, es el primer tribunal de la ONU establecido de forma permanente para juzgar crímenes de guerra cometidos en todo el mundo.
Gadafi, segundo jefe de Estado que la Corte Penal Internacional pide detener
El precedente fue el presidente de Sudán, Omar Hasan al Bachir, imputado por genocidio en relación con los crímenes cometidos en la región de Darfur y sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional desde julio de 2008, aunque se mantiene en el poder en su país.
La pena máxima que puede imponer la Corte Penal Internacional es de 30 años de prisión, y si la "extrema gravedad" del caso lo justifica, cadena perpetua.
Creada por iniciativa de la ONU mediante el Tratado de Roma en 1998, la Corte Penal Internacional empezó a funcionar el 1 de julio de 2002 para juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Hasta ahora 114 países se han unido a la CPI, una Corte de última instancia que sólo puede actuar cuando las instituciones nacionales no tengan voluntad política o capacidad para hacerlo y que sólo investiga crímenes cometidos desde su creación.
Los procesos pueden ser incoados por un Estado, por el fiscal general o el Consejo de Seguridad de la ONU.
Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional desde 2003, es el responsable de la investigación sobre los crímenes contra la humanidad de los que se acusa a Gadafi.
Junto a Muamar al Gadafi, el fiscal Ocampo ha solicitado hoy el arresto del hijo mayor de Gadafi, Saif al Islam, y la del director de la inteligentica del régimen libio.
