La Fiscalía salvadoreña señaló que la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993 es un "obstáculo" para la apertura de una investigación por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, perpetrado en 1980.
Hay un obstáculo procesal, "en el sentido de que se tiene que derogar la Ley de Amnistía para ciertos delitos que han ocurrido en la época del conflicto", explicó el fiscal general, Romero Barahona, en declaraciones que publica hoy La Prensa Gráfica.
"Tenemos que analizar cada caso en particular y no decir solo irresponsablemente que podemos abrir X o Y delito", añadió.
Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un desconocido que le disparó en el pecho mientras oficiaba una misa en una pequeña capilla de San Salvador.
El pasado 24 de marzo, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, pidió perdón por el asesinato de Romero y admitió la "participación indirecta" del Estado por tolerar la existencia de los escuadrones de la muerte que perpetraron el magnicidio.
Funes admitió que los integrantes del "grupo violento" que consumó el asesinato "han sido ya identificados por instancias internacionales de investigación, tanto el sistema de Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
Según la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992), "existe plena evidencia" de la participación del ya fallecido Roberto D'Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido que gobernó el país entre 1989 y junio de 2009.
Además, se señaló que los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila "tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del asesinato", así como Fernando Sagrera y Mario Molina, hijo del ex presidente Arturo Armando Molina (1972-1977).
También se menciona en el informe a Amado Antonio Garay, el conductor que llevó al pistolero hasta la capilla para disparar al prelado.
Una Ley de Amnistía aprobada un año después de los Acuerdos de Paz que en 1992 pusieron fin a la guerra civil en El Salvador (1980-1992) dejó en la impunidad este crimen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a El Salvador iniciar una investigación que permita identificar, juzgar y sancionar a los autores del crimen; compensar a los familiares de las víctimas y adecuar su legislación a la Convención Americana para dejar sin efecto la amnistía.
Funes ha dicho que a su Gobierno no le corresponde derogar la amnistía y ha asegurado que el Legislativo y el Poder Judicial también forman parte del Estado.
"No podemos dar en estos casos tan sensibles una respuesta apresurada", agregó, por su parte, Barahona.
