La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha elevado su petición inicial de 900 años de cárcel a 1.120 años para los tres supuestos etarras acusados de perpetrar un atentado en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.
La Fiscalía ha elevado el número de años de cárcel al considerar que la cifra de heridos es de 52, y no 41, como estimó inicialmente, anunció el fiscal Daniel Campos en la tercera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional desde el pasado lunes.
También señaló que eleva a definitivas el resto de conclusiones, es decir, que reclama que los terroristas indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros (casi 650.000 dólares) por cada uno de los fallecidos.
Además, tres de las acusaciones particulares personadas en la causa solicitaron que el Estado sea condenado como responsable civil subsidiario, una solicitud a la que se opuso el Ministerio Fiscal y que el tribunal rechazó por "extemporánea" en este momento procesal.
El fiscal, que mañana expondrá su informe final, imputa a los tres acusados dos delitos de asesinato terrorista, 52 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas por el atentado.
Además de pedir 1.120 años de prisión para cada uno de los acusados, indemnizaciones para los familiares de los fallecidos y otras en distintas cantidades para los heridos, el fiscal reclama la prohibición para los presuntos etarras de residir y aproximarse al lugar donde cometieron el atentado durante 10 años.
También pide que se indemnice a los propietarios de los vehículos dañados en la explosión, así como al dueño de la furgoneta con la que los terroristas perpetraron el atentado y al que mantuvieron secuestrado durante tres días.
El 30 de diciembre de 2006 la banda terrorista ETA colocó una furgoneta-bomba en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio murieron sepultados bajo los escombros de uno de los módulos del aparcamiento de esa terminal del aeropuerto, donde habían ido a recoger a familiares y amigos que llegaban de Ecuador.
Su muerte se produjo tras año y medio sin atentados mortales de ETA y supuso el final de facto de la tregua que la organización había anunciado nueve meses antes.
