La Fiscalía de Guatemala pedirá al tribunal que conoce el caso penal contra el expresidente Alfonso Portillo que le suspenda sus derechos civiles y políticos para evitar que se inscriba como candidato a diputado en las elecciones de septiembre próximo, informaron hoy fuentes judiciales.
Fuentes de la Fiscalía dijeron a medios locales que harán la petición cuando presenten ante el tribunal las conclusiones del juicio que se sigue contra Portillo por el desvío de unos 15 millones de dólares de las arcas del Estado.
Con esa medida, el Ministerio Público pretende evitar que el exmandatario, quien gobernó entre 2000 y 2004, se inscriba como candidato a diputado por el partido Unión del Cambio Nacionalista (UCN), que empezó a promocionar la imagen de Portillo para las elecciones generales de septiembre próximo.
"Se le solicitará al Tribunal Undécimo de Sentencia (que conoce el caso) que lo inhabilite en sus derechos civiles y políticos, según el artículo 56 del Código Penal", precisaron las fuentes.
El inciso cuarto de ese artículo establece "la privación del derecho de elegir y ser electo", y es aplicable a las personas que sean condenadas a prisión por delitos penales.
Aunque los líderes de la UCN no han explicado las razones por las que promueven la candidatura a diputado de Portillo, fuentes judiciales sostienen que con esa medida supuestamente buscan obtener la inmunidad del exmandatario.
Sin embargo, el abogado Mario Fuentes, consultado por el diario Prensa Libre, aseguró que en caso de que Portillo se inscribiera como candidato y ganase un escaño en el Parlamento, la inmunidad que obtendría lo ampararía sólo por delitos cometidos a partir del momento en que le sea adjudicado el cargo, no por casos anteriores.
Además, explicaron otras fuentes, si es condenado a prisión, no podría asumir el cargo, por lo que el partido tendría que designar a un sustituto.
Luego de que concluya el juicio penal a que es sometido en la actualidad en Guatemala, Portillo tendrá que responder ante la Justicia de Estados Unidos y de Francia, que lo reclaman acusado de delitos de lavado de dinero.