La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó hoy condenar a 1.120 años de prisión a Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastian, los etarras que asesinaron a dos ciudadanos ecuatorianos en el atentado cometido contra la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, en diciembre de 2006.
Hoy quedó visto para sentencia el juicio en el que han quedado imputados a los tres presuntos terroristas dos delitos de asesinato por la muerte Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, 52 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas.
Según la Fiscalía, que reclama además que los acusados indemnicen con 500.000 euros (unos 636.000 dólares) a los familiares de cada uno de los fallecidos, existe una "abundante, contundente, independiente y unívoca prueba" de su participación en la acción terrorista.
El atentado de la T-4, ocurrido el 30 de diciembre de 2006, no sólo "segó" la vida de dos personas y estuvo a punto de hacerlo con la de otras 52, sino que "hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que veían que la violencia de ETA podía llegar a su fin", señaló el Ministerio Público en referencia a que supuso el final del alto el fuego declarado por la banda.
Los propios autores "sabían lo que llevaban entre manos y las consecuencias que querían causar" y ellos mismos reconocieron los "daños, lesiones y las muertes" que buscaban, tal y como demostraron en las llamadas en las que Portu avisó de la colocación de una furgoneta-bomba "de gran potencia".
El fiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos, aludió a las torturas alegadas por los acusados para afirmar que, si bien su tolerancia "es cero" con respecto a los malos tratos, no se puede "caer en la trampa" de ETA porque es una "práctica habitual" que la banda instruya a sus miembros para que las denuncien cuando son detenidos.
No obstante, insistió en que existe "todo un material probatorio" independiente de las declaraciones "autoinculpatorias" de Sarasola -que como Portu denunció torturas cuando fue detenido en enero de 2008-, ante las fuerzas de seguridad y en la Audiencia Nacional.
Campos aludió el contrato de un vehículo de alquiler a nombre de Portu, con el que efectuaron el segundo de los "reconocimientos del itinerario" hasta el aeropuerto o las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en las que se ve a un individuo cuyas características son "perfectamente compatibles" con las de Sarasola.
Mencionó también los dos revólveres incautados a Portu y Sarasola cuando fueron arrestados, así como otros materiales intervenidos en sus domicilios, como un plano con el itinerario que siguieron hasta Barajas o la anotación hallada con los números de teléfono donde ETA realizó sus llamadas de aviso.
Estos argumentos fueron compartidos por la representante de la Abogacía del Estado, que afirmó que existen pruebas suficientes de la pertenencia de los tres acusados a ETA, así como por las ocho acusaciones particulares y la popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
No obstante, la defensa de los supuestos etarras, para quienes pidió la libre absolución, calificó de "torticera" la actitud de las acusaciones de negar "todas las denuncias" por torturas presentadas por miembros de ETA y cuestionó que Sarasola declarara "espontánea y voluntariamente".
Al término del juicio, Verónica Arequipa, novia de Estacio, señaló en declaraciones a los periodistas que fue muy duro ver a los presuntos asesinos "muy tranquilos".
Asimismo, consideró que si la Policía la hubiera alertado en el aeropuerto del aviso de bomba, habría podido telefonear a su novio para que abandonara el aparcamiento y evitar así su muerte.
