La Fiscalía venezolana acusó hoy de tres delitos "en grado de cómplices necesarios" a dos de los principales accionistas de algunos de los ocho pequeños bancos intervenidos a finales de 2009 por "irregularidades" en su gestión.
Los acusados son Ricardo Fernández Barruecos, principal accionista de los bancos Canarias, Bolívar, Pro Vivienda y Confederado, y José Camacho Uzcátegui, también integrante de la junta directiva de esas instituciones financieras.
La Fiscalía los acusó "de la presunta comisión, en calidad de cómplices necesarios, de los delitos de apropiación y distracción de los recursos de los ahorristas; aprobación indebida de créditos y asociación para delinquir", informó un comunicado oficial.
Los banqueros supuestamente incurrieron en esos delitos "en 2009", lo que originó "la intervención" de las cuatro instituciones financieras, añadió el Ministerio Público en su comunicado.
Los fiscales del caso solicitaron ante el Tribunal 11 de Caracas el enjuiciamiento de los acusados y pidieron que se ratificara la medida de detención, que ambos cumplen desde el pasado 20 de noviembre cuando se presentaron voluntariamente en la sede de la policía de inteligencia Disip.
Fernández y Camacho forman parte del grupo de 10 personas detenidas en Venezuela por su presunta vinculación con el cierre de los ocho bancos, que en total representaban menos del 7 por ciento de los ahorros del sistema financiero.
Entre los detenidos está Arné Chacón, presidente del intervenido Banco Real y hermano del ex ministro Jesse Chacón, quien dejó el cargo el pasado 6 de diciembre para demostrar que no tiene vinculación con el caso, según el mismo explicó.
La Fiscalía también ha emitido 23 pedidos de captura internacional de empresarios y ejecutivos vinculados con los bancos, cerrados después de que se detectaron irregularidades como aumento de capital sin especificar el origen de los fondos e incumplimiento de los índices patrimoniales, según la información oficial.
El caso de los bancos ha desatado una lluvia de denuncias sobre una presunta trama de corrupción, amparadas en el hecho de que los principales accionistas de las instituciones afectadas pertenecerían a círculos oficialistas, de los cuales se valieron para amasar en menos de una década sus inmensas fortunas.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha dicho que "el peso de la ley caerá donde tenga que caer", en respuesta a las denuncias opositoras de que los administradores de los bancos cerrados pudieron realizar todos sus desmanes solo con la complicidad de funcionarios públicos.
El pasado 21 de diciembre inició operaciones el nuevo estatal Bicentenario Banco Universal, producto de la fusión del público Banfoandes y los intervenidos Bolívar, Confederado y Central Banco Universal, que fueron reflotados con la inyección de 92,7 millones de bolívares (43,1 millones de dólares).
De acuerdo a la información oficial, continúa el proceso de intervención con fines de rehabilitación de los bancos Baninvest, Banco Real y Banorte, mientras que el Canarias y Provivienda fueron liquidados.
