La Iglesia católica de Argentina advirtió hoy del crecimiento de la conflictividad social en el país y reiteró su reclamo para que los distintos sectores políticos trabajen en la búsqueda de consensos.
En un documento difundido al término de una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos consideraron que la democracia "no se fortalece en la conflictividad de las calles y rutas, sino en la vigencia de las instituciones republicanas".
"La violencia verbal y física en el trato político y entre los diversos actores sociales, la falta de respeto a las personas e instituciones, el crecimiento de la conflictividad social y la descalificación de quienes piensan distinto son actitudes que debilitan fuertemente la paz y el tejido social", apuntaron.
Indicaron además que perciben un "clima social alejado" de lo que llamaron "las aspiraciones de los argentinos de vivir en paz", volvieron a calificar de "dramática" la pobreza y reclamaron el respeto a la Constitución y a las leyes, la autonomía de los poderes del Estado y la búsqueda del bien común.
El documento de la Iglesia se conoció después de que la mayor central sindical de Argentina aceptara suspender una manifestación convocada para la semana próxima en rechazo a un supuesto plan para desestabilizar al Gobierno, tras un pedido de la presidenta Cristina Fernández.
"Nosotros habíamos previsto un acto. Cristina nos agradeció pero, teniendo en cuenta todos estos inconvenientes que hay en la calle, nos pidió suspenderlo y así haremos", aseguró Hugo Moyano, titular de la Confederación General del Trabajo (CGT).
En declaraciones a Radio América, de Buenos Aires, el líder sindical sostuvo que la manifestación finalmente se hará en un estadio de fútbol el próximo 15 de diciembre, en coincidencia con un acto del gremio de los camioneros, que preside.
Fernández aseguró este jueves que pidió a la CGT la suspensión de la manifestación porque, a su juicio, iba "a ser utilizada para distorsionar lo que es simplemente el reconocimiento de un Gobierno que ha devuelto la dignidad a los trabajadores".
La jefa del Estado dijo que tomó la decisión después de ver una portada del diario Clarín, con el que está enfrentada, en la que se acusaba a la poderosa central obrera de organizar la marcha para imponer un modelo sindical.
"Una vez más sentí el cinismo de la mentira (...) Las mentiras con las que se intenta confundir a la sociedad ya son demasiadas y no quiero que a ningún trabajador se le enrostre que quiere imponer su propia forma de organización", destacó entre otras críticas al diario de mayor tirada del país.
La marcha había sido convocada por la CGT después de que el Gobierno advirtiera hace unos días que investiga maniobras de desestabilización de parte de grupos opositores, en medio de una oleada de protestas que se recrudeció en los últimos días.
El senador Gerardo Morales, quien preside la Unión Cívica Radical (UCR), el principal partido de la oposición, pidió a Fernández que precisara sus denuncias y al mismo tiempo acusó al Gobierno de ser el que desestabiliza.
"Es el propio Gobierno el que aprieta, controla, vigila e incluso escucha ilegalmente a quienes no acuerdan con sus ideas", consideró Morales antes de indicar que sería una "gran contribución si el Ejecutivo aflojara con la incitación a la violencia".
"Hay un enorme desorden institucional provocado por el Gobierno", aseguró la líder de la opositora Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien envió días atrás una carta a embajadas de países de América Latina y Europa para advertir sobre una "inusitada escalada de violencia" en el país.
La dirigente aseguró además que hay "piqueteros" (manifestantes que cortan calles) alineados al Gobierno que "están armados".
"Estamos ante un descontrol social creciente", sostuvo a su vez el alcalde de Buenos Aires y líder de la también opositora Propuesta Republicana (PRO), Mauricio Macri.
