La Iglesia católica costarricense reiteró hoy su oposición a cualquier modificación legal que permita de nuevo la fecundación in vitro en el país centroamericano, a pesar del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la nación habilite esta técnica, prohibida desde el año 2000.
El arzobispo de San José, Hugo Barrantes, emitió hoy un comunicado a nombre de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en el que señala que la Iglesia ora para que el Gobierno tenga "discernimiento y fortaleza para seguir respetando la dignidad de la persona que comienza".
La presidencia costarricense realiza desde la semana pasada consultas a los otros poderes del Estado y diversos sectores en busca de una posición unificada para responderle a la CIDH antes del 23 de octubre y evitar ser acusada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El sacerdote Mario Segura, portavoz de Barrantes, dijo hoy a Efe que la iglesia fue uno de los grupos consultados por la Cancillería, a la cual le hicieron saber su posición.
"El amor de Dios no diferencia entre un recién concebido, un niño, un adulto o un anciano. La posición de la Iglesia es la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción", añadió.
La Sala Constitucional emitió en el año 2000 una resolución que prohíbe la fecundación in vitro en el país por considerar que viola el derecho a la vida, por lo que algunas parejas que han visto truncado su sueño de convertirse en padres acudieron a la CIDH, con sede en Washington.
En agosto, la Comisión emitió una resolución en la que increpa al país pues, según su criterio, la prohibición de este procedimiento atenta contra los derechos fundamentales de las personas a formar una familia.
No obstante, la Iglesia católica, religión oficial en Costa Rica, asegura que la fecundación in vitro "infringe la barrera que tutela la dignidad humana".
Los obispos aseguraron que la resolución de la CIDH "atenta contra dos principios fundamentales de los Derechos Humanos", en su opinión, el derecho a la vida y el principio de interés superior del menor, que establece que, en caso de conflicto, se deben proteger los derechos de los menores frente a los de los adultos.
Para la Conferencia Episcopal, el fallo de la Sala Constitucional del 2000 es "además de una resolución jurídica, una verdadera definición de la posición moral del Estado costarricense".
La Iglesia subrayó que "los informes de la CIDH son simples recomendaciones que pueden ser acogidas o no".
Barrantes insistió en que esta técnica de reproducción causa la muerte de la mayoría de los embriones fecundados y que en este caso "no se está actuando sobre un simple material biológico sino sobre una persona humana cuya dignidad se debe respetar".
Las autoridades del Gobierno han reconocido la dificultad para conciliar las posturas opuestas de diversos sectores y han señalado que aunque preferirían evitarlo, la posibilidad de que el caso se eleve a juicio en la Corte Interamericana es grande.
Mario Segura apuntó que por ahora la iglesia esperará a que el Gobierno defina la respuesta que dará a la Comisión para evaluar las siguientes acciones que debe tomar.
