La Justicia brasileña autorizó este año la instalación de escuchas en un total de 224.029 teléfonos fijos y móviles en todo el país, según datos de una comisión investigadora del Congreso citados hoy por el diario O Globo.
El número fue calculado mediante informes enviados al Congreso por las operadoras telefónicas, explicó el diputado Marcelo Itagiba, que preside la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) creada para atajar las escuchas telefónicas indiscriminadas en el país.
Itagiba decidió pedir directamente a las operadoras el número de intervenciones autorizadas por la Justicia luego de que el Consejo Nacional de Justicia alegara que la cifra era muy inferior a las 400.000 inicialmente calculadas por la CPI.
El Consejo Nacional de Justicia, que consultó a los jueces y no a las operadoras, aseguró que en el país apenas habían sido autorizadas 11.846 escuchas telefónicas este año.
La cifra del organismo judicial, sin embargo, fue considerada incierta por los parlamentarios y por portavoces de la Policía.
Las averiguaciones de la CPI ganaron impulso en los últimos meses después de que magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, denunciaran la existencia de grabaciones de conversaciones telefónicas de uno de sus integrantes con un senador.
Pese a que el número de escuchas autorizadas este año fue muy inferior al de 2007 (375.633), la cifra sigue siendo considerada como muy elevada por diferentes autoridades.
Itagiba atribuyó esa reducción a las gestiones realizadas por la comisión parlamentaria, que ha citado para interrogatorio a diferentes jueces que han concedido autorizaciones indiscriminadas de intervenciones telefónicas.
De acuerdo con el diputado, lo más grave es que las informaciones enviadas por las operadoras mostraron indicios de irregularidades tanto en las autorizaciones de escuchas enviadas por los tribunales como en sus renovaciones.
"El Consejo Nacional de Justicia tiene la obligación de investigar casos de jueces que autorizan escuchas por cualquier motivo. La interceptación telefónica tiene que ser la última instancia en una investigación", afirmó.
El legislador afirmó que el objetivo de la CPI es presentar un proyecto de ley que reglamente con mayor rigor las autorizaciones de intervención telefónica.
"El proyecto incluirá penas rigurosas para escuchas ilegales", agregó.
