El Ministerio Público (Fiscalía) chileno retiró hoy la acusación por asociación ilícita terrorista contra 13 personas procesadas en el marco del llamado "caso bombas", que investigó la instalación de más de un centenar de bombas en la capital chilena desde 2006, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue acogida por el VIII Juzgado de Garantía de Santiago, que dictó este mismo martes el sobreseimiento definitivo para 13 de los 14 imputados en el caso a los que se acusaba de asociación ilícita terrorista, todos vinculados a grupos anarquistas, que permanecieron ocho meses en prisión preventiva y que calificaron de "montaje" las acusaciones en su contra.
Ocho de ellos quedaron totalmente libres de cargos, incluidos Pablo Morales y Rodolfo Retamales, supuestos líderes del grupo y exmilitantes del grupo ultraizquierdista Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) Lautaro, que luchó contra la dictadura militar.
Para estos dos implicados, el exfiscal Alejandro Peña, que en agosto de 2010 estuvo a cargo de la investigación y que unos meses después dimitió para asumir un cargo de confianza en el Ministerio del Interior, solicitó la pena de cadena perpetua el pasado abril.
Los otros seis implicados no serán juzgados por asociación terrorista pero sí por el delito de colocación de artefactos explosivos y financiación de actividades terroristas, dijeron las fuentes.
En su fallo, el juez de Garantía Fernando Valderrama condenó al Ministerio Público a pagar los costos del proceso judicial, que incluye las remuneraciones de los abogados defensores de las personas que fueron sobreseídas.
El denominado "caso bombas" se refiere a la colocación desde el año 2006 de más de 160 artefactos explosivos artesanales frente a empresas, iglesias, bancos y edificios públicos, que causaron varios heridos leves y un fallecido: un joven anarquista muerto en 2009 al estallar la bomba que transportaba en una mochila una noche en el centro de Santiago.
Antes de que el Juzgado de Garantía dictara hoy el sobreseimiento definitivo, la Fiscalía Metropolitana Sur desistió también de las acusaciones contra los imputados, después de que la Corte de Apelaciones rechazara la mayoría de las pruebas que el Ministerio Público quería presentar en el juicio oral que se iba a realizar.
Los abogados defensores de los acusados en el caso anunciaron hoy que estudiarán la posibilidad de demandar al Estado por daños y perjuicios contra los imputados.
Rodrigo Román, uno de los letrados defensores, criticó la "contumacia" del Ministerio Público en mantener las acusaciones contra los imputados y puso en tela de juicio la labor del exfiscal Alejandro Peña.
"Lo curioso es que el fiscal Peña en dos meses hace síntesis, formaliza, luego acusa, pide cadenas perpetuas y finalmente lo que se determina es un sobreseimiento definitivo", comentó el abogado.
Por su parte, Pablo Morales, acusado de ser uno de los cabecillas del grupo, se mostró satisfecho con el sobreseimiento en la causa e instó a Peña a ofrecer una explicación "por este montaje que él armó".
En tanto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, consideró que esta sentencia "no es un fracaso" y señaló que el Gobierno no se va a "inhibir" de cumplir su función.
