Sudán obtuvo cámaras para sus aviones no tripulados utilizados en sus operaciones en Darfur de empresarios iraníes, en violación de las restricciones en materia de armamento impuestas al país, asegura un informe de Naciones Unidas divulgado hoy.
El documento, elaborado para el Consejo de Seguridad por un grupo de técnicos, expone decenas de supuestas violaciones de las restricciones internacionales cometidas por el Gobierno de Jartum y los grupos armados que se disputan la soberanía de la región occidental de Sudán.
Sus autores aseguran contar con imágenes grabadas de un avión de vigilancia no tripulado durante varios vuelos en el norte de Sudán y en Darfur, en donde se le ve aterrizar en el aeropuerto de El Fasher y ser atendido por personal militar uniformado.
Asimismo, indican que la cámara instalada en uno de los aparatos fue adquirida en el Reino Unido por una empresa de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), dirigida por dos iraníes.
Cuando los técnicos visitaron la sede de la empresa, uno de los empleados les dijo que los dos directivos se habían ido de "vacaciones a su país, la República islámica de Irán".
"Desde entonces no han regresado a sus despachos", apunta el informe de casi un centenar de páginas.
Ni el principal accionista de la empresa de los EAU ni las autoridades del país han respondido a las solicitudes de los técnicos de la ONU para que les proporcionen mayor información, agrega.
El informe también enumera otras vulneraciones de las sanciones internacionales impuestas a Sudán, al que se le permite adquirir armamento pero no puede utilizarlo en el conflicto que sostiene en Darfur.
Señala que todos los bandos han trasladado de manera ilegal armamento, municiones, aviones de combate y vehículos militares a la zona del conflicto, en algunas ocasiones transportados por compañías privadas contratadas por el Ejército sudanés.
El conflicto de Darfur se inició en febrero de 2003, cuando dos grupos insurgentes se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
Desde su inicio, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio de habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.
