La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, pidió hoy a México que su lucha contra la inseguridad se apegue a los derechos humanos, ya que estos "son el camino, no un obstáculo", para fortalecer al Estado y lograr una mejor democracia.
"Dar seguridad significa asegurar la protección de los derechos de toda la gente. Los derechos humanos son el camino, no un obstáculo, para fortalecer al Estado y asegurarse que el imperio de la ley es el que predomina", dijo la alta funcionaria de la ONU.
En un acto celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, al que asistieron el presidente Felipe Calderón y otras autoridades, Pillay admitió que "la magnitud del reto es abrumadora".
"En todos los lugares donde he estado he visto los efectos dañinos de las actividades del crimen organizado", señaló la titular del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Reconoció que en México "ha habido avances en la consolidación de la democracia y el desarrollo de una agenda de derechos humanos" y dijo estar muy al tanto del compromiso del Gobierno "para traer paz y seguridad al país".
No obstante, puso límites al pedir que cualquier abuso a los derechos fundamentales cometido en México sea juzgado por tribunales civiles, lo que implicaría terminar con el fuero especial militar vigente.
"Espero que el Congreso considerará modificaciones que expandan la protección en relación con violaciones a derechos humanos", manifestó Pillay, una velada alusión a la posibilidad de que se pudiera eliminar el régimen de excepción jurídica para los militares.
Por su parte, Calderón, quien lanzó en 2006 una estrategia de combate frontal al crimen organizado que ha movilizado a unos 50.000 soldados en labores de seguridad pública, llamó la atención sobre el hecho de que la mayoría de las violaciones a derechos fundamentales en el México actual proceden de la delincuencia.
"Son precisamente los criminales, más que el Estado, los que están permanentemente atentando contra periodistas, activistas, migrantes y contra ciudadanos honestos e inocentes en nuestras naciones", dijo, en referencia a su país y a varios más en América Latina.
El gobernante reconoció que en México "la sociedad ha resentido el embate violento" de los grupos criminales, lo que le ha obligado a utilizar "todas las herramientas del Estado para impedir que los delincuentes sigan atentando contra las libertades y los derechos de los mexicanos".
Afirmó que se está haciendo un "esfuerzo extraordinario" contra el crimen "sobre las normas ordinarias" vigentes en el Estado.
"No hay un régimen excepcional en nuestro país. Por el contrario, estamos enfrentando este insólito desafío (...) sin normas extraordinarias, así sea que estén previstas, y desde hace mucho tiempo, en la Constitución mexicana", puntualizó.
Además, recordó que su Administración ha impulsado una profunda reforma constitucional que se concretó el mes pasado y que es "la mayor ampliación de derechos humanos" en la historia de México. "Y, estoy seguro, en muchas, muchas naciones emergentes", agregó.
La estrategia contra el crimen organizado lanzada por Calderón al inicio de su mandato (2006-2012) ha sido severamente criticada desde numerosas organizaciones de la sociedad civil.
En mayo pasado, Amnistía Internacional denunció en su reporte 2011 que "el despliegue del Ejército para combatir la delincuencia organizada dio lugar a numerosos informes de violaciones graves de derechos humanos" que incluyeron "homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias".
En el país, el liderazgo más reciente de las críticas lo ha asumido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia y representativo de muchas de las 40.000 víctimas de la violencia que hay en el país.
Tras el acto gubernamental en el que participó hoy, Pillay continuará con sus contactos con ONG mexicanas y el próximo viernes ofrecerá una rueda de prensa sobre su visita antes de abandonar México al día siguiente.
