La oposición de Argentina anunció hoy que presentará un recurso judicial para anular la polémica aprobación parlamentaria de una medida que incentiva la repatriación de capitales por considerar que fue refrendada sin contar con los votos necesarios.
La Cámara de Diputados dio esta madrugada media sanción a un proyecto enviado por la presidenta argentina, Cristina Fernández, que prevé una serie de medidas para afrontar la crisis financiera internacional.
La iniciativa recibió el visto bueno de la cámara baja en general, pero al votarse cada medida en particular, el capítulo que establece incentivos a la repatriación de capitales, encendió la polémica.
"Necesitaban 129 votos. Sacaron 127, una diputada aclaró que había votado afirmativamente y llegaron a 128. Así que les dijimos que perdieron", explicó la diputada Patricia Bullrich, de la opositora Coalición Cívica (CC).
"Pero el oficialismo pidió que votara el presidente de la Cámara (Eduardo Fellner) y dijeron que así llegaron a 129. Fellner no podía votar porque el reglamento dice que tiene que anunciarlo antes de la votación", sostuvo Bullrich.
La Constitución argentina establece que los proyectos referidos a cuestiones impositivas requieren mayoría especial del cuerpo para ser aprobados, es decir, apoyo de más de la mitad de los 257 diputados que integran la cámara.
"No hay duda de que -la repatriación de capitales- requiere mayoría especial porque se están fijando cargos de asignación específica", manifestó el diputado Oscar Aguad, de la UCR.
El oficialismo, sin embargo, asegura haber alcanzado los votos necesarios y se propone este jueves darle vía libre al proyecto para que sea tratado en el Senado la semana próxima.
El titular de la bancada oficialista, el diputado Agustín Rossi, indicó que "fue una votación holgada y contundente" y rechazó las acusaciones de la oposición.
Con el fin de frenar este proceso, Propuesta Republicana (PRO), la CC y la Unión Cívica Radical (UCR) realizarán una presentación "que a más tardar llegará mañana a Tribunales" para pedir que se anule la aprobación del capítulo en cuestión.
"Todo el proceso fue irregular y no está claro que el oficialismo haya obtenido los votos necesarios", sostuvo el legislador opositor Claudio Lozano.
La presidenta argentina envió al Parlamento en noviembre pasado el proyecto con el paquete de medidas anti-crisis que busca, además de la repatriación de capitales, que las empresas regularicen su situación con el Fisco y que ingresen a sus plantillas a los empleados que mantienen fuera de los registros oficiales.
Las rebajas de impuestos para la repatriación de capitales tendrán como "únicos excluidos" a quienes hayan ocupado cargos en el Gobierno, el Parlamento y la Justicia.
Según datos del Banco Central argentino, unos 14.380 millones de dólares salieron del sistema financiero del país en los primeros nueve meses del año, mientras que cálculos privados indican que los capitales argentinos en el extranjero superan los 120.000 millones de dólares.
Las empresas o personas que repatríen capitales para invertirlos con fines productivos u obras de infraestructura pagarán un tributo del uno por ciento, mientras que quienes destinen esos fondos a comprar bonos soberanos pagarán un tributo del tres por ciento.
El tributo será del 8 por ciento para quienes declaren sus capitales en el exterior, pero si deciden traerlos al país tendrán que desembolsar dos puntos porcentuales menos (6 por ciento).
La oposición cuestiona esta medida por considerar que "burla" a los contribuyentes que cumplen con la ley.
