Un recorte de atribuciones al fiscal que investiga en Argentina delitos administrativos ha generado una polémica en el país, después de que la medida fuera interpretada por la oposición como una "garantía de impunidad" para funcionarios sospechosos de corrupción.
"La medida tiene por objetivo garantizar la impunidad de numerosos funcionarios sospechados de corrupción que tiene el Gobierno", denunció la dirigente opositora Elisa Carrió en una columna de opinión que publica hoy el diario Crítica de Buenos Aires.
"No se puede encontrar otra razón, cuando la decisión busca limitar en su tarea al único funcionario que en forma sistemática y coherente impulsó causas contra integrantes del Gobierno", indicó la líder de la Coalición Cívica, tercera fuerza parlamentaria del país.
La controversia estalló hace unos días al conocerse la decisión del procurador general de la Nación, Esteban Righi, de limitar el campo de acción del fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido.
El jefe de los fiscales determinó que Garrido no podrá intervenir en causas que no se hayan iniciado por su denuncia y dependerá del fiscal del caso en las que ya ha comenzado.
"Hay impunidad y ya no queda ningún órgano especializado que investigue hechos de corrupción en el país", se quejó Garrido antes de comentar que todavía puede iniciar denuncias y que concluirá los 300 expedientes que ha comenzado.
Para Elisa Carrió, ésta es una medida que se toma "en medio de la improvisación" y que demuestra que al "poder 'kirchnerista' le molestan los controles".
"Para construir una verdadera República, el camino es mayor transparencia y no amedrentar a los funcionarios que trabajan en forma honesta contra la corrupción", matizó.
En cinco años, Garrido impulsó o reactivó unas cincuenta denuncias penales contra secretarios de Estado, empresarios, ministros y el propio matrimonio de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y Néstor Kirchner, su antecesor.
