El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, confirmó hoy que su despacho tiene nuevas pruebas sobre los inductores y asesinos materiales del líder liberal Luis Carlos Galán, muerto en una plaza pública el 18 de agosto de 1989.
"La Procuraduría General de la Nación ha encontrado nuevas pruebas que comprometen a varias personas como autores intelectuales y materiales del homicidio", dijo Ordóñez a Caracol Radio.
Añadió que por ello pidió a la Fiscalía, hace 15 días, vincular esas pruebas con la investigación del magnicidio cometido en la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, en la que Galán iba a presidir una manifestación política, en el marco de su candidatura y era el favorito para ganar la Presidencia en las elecciones de 1990.
Ordóñez añadió que también pidió "al fiscal general de la Nación (Mario Iguarán) que se conforme un equipo especial de fiscales (...) para que logren salvar el proceso de una eventual prescripción".
Según el jefe del ente de control disciplinario de los funcionarios en Colombia, dispone de "un conjunto variado de testimonios" para reactivar el proceso por el crimen contra Galán.
Explicó que "las pruebas testimoniales recaudadas son recientes" y por ello aguarda "el pronunciamiento de la Fiscalía".
Hace siete meses, por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, fue excarcelado el ex senador Alberto Santofimio Botero, considerado uno de los autores intelectuales del asesinato y quien había sido condenado a 24 años de prisión.
Un hijo del líder del Partido Liberal asesinado, el hoy senador Juan Manuel Galán, por su parte, pidió también a la Fiscalía que considere el magnicidio de su padre como un crimen de lesa humanidad, para impedir la prescripción de la acción penal.
Galán hijo reveló que se reunió, tras un encuentro casual en Cali (suroeste) con el fiscal Iguarán, quien se declaró muy interesado en esclarecer el crimen de su padre.
Asimismo, destacó la designación de un equipo especial dispuesto por el procurador general con el mismo fin.
El proceso del caso Galán prescribirá el 18 de agosto, cuando se cumplen veinte años del crimen.
El lunes, el despacho de Ordóñez señaló en un comunicado que existía "completa disposición" para garantizar que, "desde el marco de sus competencias, se tomen las medidas necesarias para que el país conozca la verdad y se castigue a los responsables".
