La Procuraduría General de Honduras (PGR) apeló hoy la resolución del juez Claudio Aguilar de inhibirse de conocer los dos procesos por supuesta corrupción contra el ex presidente Manuel Zelaya, informó una fuente judicial.
La portavoz de los tribunales de justicia de Tegucigalpa, Bárbara Castillo, dijo a Efe que "la Procuraduría presentó una apelación" ante el propio juez contra el fallo que este emitió el pasado día 7, mediante el cual se inhibió y elevó los procesos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La PGR, que es la oficina legal del Estado, considera que la inhibición de Aguilar fue tardía, según la portavoz, quien agregó que el juez se pronunciará sobre el recurso en los próximos días.
Castillo explicó que la PGR "considera que el juez se hubiera inhibido desde un principio y, por tanto, no tenía que haber nombrado los defensores" de Zelaya, lo que hizo a solicitud de esa institución en diciembre pasado.
Aguilar se inhibió por considerar que los casos de Zelaya, incoados por el Ministerio Público (Fiscalía) competen a la CSJ por la nueva investidura del ex gobernante como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La CSJ no ha designado aún al juez natural que se hará cargo de los procesos contra el ex mandatario, pues todavía no recibe los expedientes, según dijo hoy su presidente, Jorge Rivera.
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público incoó en 2009 los procesos contra Zelaya, derrocado ese año por un golpe de Estado y quien se incorporó al Parlacen el 17 de septiembre pasado en su condición de ex presidente de Honduras.
A raíz de los dos procesos, Zelaya tiene pendientes sendas órdenes de captura por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública.
Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que celebraría el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado, con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.
La procuradora general, Ethel Deras, argumentó en diciembre que la PGR pidió el nombramiento de los defensores de Zelaya porque este no los designó y era necesario reactivar los procesos pues estaban paralizados desde que el Ministerio Público los presentó.
El ex gobernante vive en la República Dominicana desde el 27 de enero de 2010, cuando puso fin a un encierro de varios meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugió tras volver clandestinamente a Honduras luego de que los militares lo derrocaran y expulsaran hacia Costa Rica el 28 de junio de 2009.
