Una quinta parte de las 323.000 personas registradas como víctimas de los paramilitares en Colombia ha participado en las diligencias judiciales a las que han sido convocados los excombatientes, informó hoy el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
El ministro precisó que 59.050 víctimas "han podido participar en las versiones libres (testimonios) de los desmovilizados en el marco de la ley transicional".
"Las víctimas han sentido el respaldo cada vez más acentuado de una política de justicia transicional que se consolida en su favor", sostuvo Vargas Lleras, quien hoy participó en la Segunda Reunión del Grupo de Expertos sobre la Respuesta de la Justicia Penal en Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
Este encuentro reúne a expertos de Alemania, Argelia, Argentina, Colombia, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Indonesia, Perú, Reino Unido y Sri Lanka, convocados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
La normativa nacional de transición es conocida como Ley de Justicia y Paz y fue adoptada en julio de 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que se disolvió a mediados de 2006.
De esos desmovilizados, 4.205 fueron postulados por el Ejecutivo al procedimiento especial de la mencionada legislación, que establece penas de cinco a ocho años de prisión para responsables de delitos que no pueden ser amnistiados o indultados.
Además, la normativa es aplicada a 574 guerrilleros que dejaron las armas de manera individual.
En el caso de los paramilitares desmovilizados, tres de ellos han recibido sentencia condenatoria, indicó el titular de Interior.
Asimismo, "a 18 se les realizó audiencia de legalización de cargos, con respecto de 91 se concluyó la formulación de cargos y están a la espera de control de legalidad, en relación con 134 la fiscalía solicitó a la judicatura la formulación de cargos y respecto de 369 solicitó formulación de imputación", agregó.
Son datos que, admitió, "revelan que queda todavía mucho camino por delante y que al Estado le asiste el reto de fortalecer la capacidad institucional para responder con celeridad al curso de los procesos judiciales para la efectividad de los valores de verdad y justicia".
El ministro se preguntó si con el sistema penal ordinario se hubiera podido conseguir la revelación voluntaria de tantos hechos para conocimiento de la justicia, de las víctimas y del país.
"Evidentemente, la respuesta es negativa", se respondió de inmediato.
