La renuncia de Mario Vargas Llosa al más importante proyecto para recordar a las víctimas del terrorismo en Perú, agudizó hoy la polémica que afronta el Gobierno peruano por un decreto que puede permitir la liberación de militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad.
Vargas Llosa envió hoy una carta al presidente peruano, Alan García, presentando su dimisión "irrevocable" a la presidencia de la Comisión de Alto Nivel para la construcción del Lugar de la Memoria, un espacio que busca recordar la guerra interna que dejó más de 69.000 víctimas en Perú, entre 1980 y el 2000.
En su misiva, el escritor consideró que el decreto 1097 es una "amnistía apenas disfrazada" para procesados por abusos a los derechos humanos y que existe "una incompatibilidad esencial" entre construir un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo y "abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles" a los que "cometieron también delitos horrendos".
En ese sentido, Vargas Llosa le advirtió a García de que este decreto "sólo va a traer desprestigio" al Gobierno y consideró que "lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político" en Perú.
El decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Los detractores de la ley coinciden en que otorga impunidad a los militares y policías que cometieron crímenes contra los derechos humanos, ya que la mayor parte de los procesos abarcan hechos cometidos entre 1980 y el 2000.
En medio del bombardeo de críticas a la norma, promulgada el 1 de septiembre pasado, la renuncia de Vargas Llosa "va a repercutir en la imagen del país", admitió hoy el legislador oficialista Aurelio Pastor, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso.
El parlamentario señaló a Efe que la decisión del escritor "tiene que ver con la poca capacidad de respuesta que ha mostrado el gabinete con este tipo de cuestionamiento".
Pastor, quien fuera ministro de Justicia de García, informó de que mañana se formará una subcomisión dentro de la Comisión de Constitución del Congreso, y que se pedirá que se "emita cuanto antes una opinión" sobre el asunto.
"Podría significar que el martes de la siguiente semana, la comisión revise si decide cambio o derogatoria (de la norma) para remitirlo al pleno, y entiendo que el jueves de la próxima semana eso puede estar definido", acotó.
El tema también deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional, ya que los legisladores nacionalistas presentaron la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, aunque se prevé que este proceso puede tardar unos dos meses.
El único que ha defendido el decreto es el ministro de Defensa, Rafael Rey, quien reveló la semana pasada que para elaborarlo consultó, entre otros expertos, con César Nakazaki, abogado del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dos matanzas y dos secuestros cometidos durante su régimen (1990-2000) .
El relator de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, alertó que el decreto genera "un clima de impunidad".
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Amnistía Internacional, y "Human Right Watch", también lo condenaron al igual que sectores políticos y sociales del país.
Tras el bombardeo de críticas, el presidente García salió ayer al paso para defender a Rey y acusar al Congreso de haber otorgado al Ejecutivo, sin que el Gobierno lo pidiera, la facultad de legislar sobre procesos a las fuerzas armadas en materia de derechos humanos.
Ex altos jefes militares y miembros del "escuadrón de la muerte" Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori, ya han pedido el sobreseimiento de sus procesos por las matanzas emblemáticas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
La pregunta es: ¿qué pasará con las posibles decisiones a favor de los acusados por violaciones a los derechos humanos en el período desde que se promulgó la ley hasta su eventual derogatoria?.
Sólo "quedará el camino de la revisión o las apelaciones", subrayó Pastor.
