Salpicado por el mismo escándalo que mantiene en prisión al gobernador de Brasilia, José Roberto Arruda, el vicegobernador, Paulo Octavio Alves, dimitió hoy al cargo, lo que descabezó por completo al Ejecutivo de la capital del país, electo en 2006.
Con la renuncia de Alves y Arruda en la cárcel, la Gobernación del Distrito Federal será asumida por el actual presidente de la Cámara Legislativa regional, Wilson Lima, quien está en el cargo desde hace pocas semanas, pues el escándalo también arrastró a su antecesor, Leonardo Prudente.
La crisis en la capital brasileña se desató en noviembre pasado, cuando fueron divulgados unos vídeos en los que se veía a un hombre de confianza de Arruda repartiendo a manos llenas unos gruesos fajos de dinero al propio gobernador, así como a varios secretarios del Gobierno regional, diputados y otros políticos.
En las imágenes, varios de los beneficiarios del dinero hasta fueron captados en momentos en que ocultaban el dinero en sus medias o calzoncillos, o cuando oraban, se abrazaban y daban gracias a Dios por las "dádivas" recibidas.
Los vídeos, que abochornaron a la población de la capital y desataron una tormenta política, cayeron en manos de la policía, que no duda de que el dinero era producto de corruptelas y comisiones de empresas que trabajan para el Gobierno regional de Brasilia.
Arruda resistió varias semanas al escándalo, se aferró a su cargo pese a diarias manifestaciones que exigían su renuncia, pero acabó detenido por la Policía Federal el pasado día 11, cuando un tribunal determinó que había "pruebas contundentes" en su contra.
Desde entonces, el primer gobernador de Brasil preso en ejercicio de sus funciones, permanece en una pequeña sala de un edificio de la Policía Federal, en el que según las leyes puede pasar hasta 83 días detenido en forma preventiva.
Sin embargo, su defensa ha apelado al Supremo Tribunal Federal, que el próximo jueves deberá decidir si aprueba un recurso de hábeas corpus que le permitiría responder en libertad al proceso abierto en su contra.
Cuando la Policía Federal detuvo a Arruda, su cargo fue asumido en forma interina por Alves, su compañero de fórmula en los comicios regionales de 2006, en los que fue elegido vicegobernador.
Alves, un multimillonario empresario de la construcción que tuvo en esas elecciones su primera experiencia política, no está acusado formalmente por el escándalo, pero existen numerosas sospechas de que también habría participado en las corruptelas.
Sin apoyo político y abandonado por su Partido Demócratas, Alves resistió sólo doce días y hoy renunció primero a esa formación, tal como había hecho antes Arruda, y luego dimitió a la Gobernación.
"No tengo arrepentimientos, respondo por todos mis actos, amo a esta ciudad. Todos mis esfuerzos para garantizar la gobernabilidad tuvieron como objetivo evitar que la autonomía política de la capital sea afectada por una decisión judicial", explicó Alves en su carta de dimisión, enviada a la Asamblea Legislativa.
Con esa referencia a la "autonomía política", Alves aludió a la seria posibilidad de que la justicia decida que el escándalo y sus dimensiones justifican una "intervención federal", lo cual supondría que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, designe a un gobernador por decreto.
Si no se llegara a ese extremo, Wilson Lima deberá permanecer al frente de la Gobernación hasta el 1 de enero de 2011, fecha en la que asumirá el cargo la autoridad que resulte elegida en los comicios regionales del próximo 3 de octubre.
El escándalo ha empañado los grandes festejos que las autoridades preparaban para el próximo 21 de abril, cuando serán conmemorados los primeros 50 años de la fundación de Brasilia, ciudad construida de la nada en medio de un seco paraje de la zona central de Brasil.
Asimismo, mantiene paralizadas varias obras de infraestructura que comenzaron en los últimos meses de cara a la celebración en Brasil del Mundial de fútbol de 2014, que tendrá en la capital del país una de sus subsedes.
