La represa de Yacyretá, cuya propiedad comparten Argentina y Paraguay, demandó por "agravios" a ecologistas que denuncian la existencia de un vídeo con pruebas de riesgo de desastre por el derrumbe del embalse, el segundo más grande de América Latina.
Las partes en conflicto ratificaron hoy a Efe sus posiciones dentro de una polémica que mantiene en vilo a la opinión pública de cuatro provincias del nordeste de Argentina vecinas a la represa, inaugurada en la década de los noventa sobre el río Paraná, hito fronterizo con Paraguay.
La demanda penal acusa a la Unión de Ambientalistas de Corrientes (Unamco), capital de la provincia homónima, por alarmar a la población con la difusión de un vídeo que muestra grietas y otros daños en la base de la estructura de un dique, filmación que los ecologistas exigen esclarecer.
El estatal Ente Binacional Yacyretá (EBY), que administra la represa hidroeléctrica, pone en duda la veracidad del vídeo, que han visto decenas de miles de usuarios de Youtube desde su publicación, a mediados de febrero.
"Primero dijeron que el vídeo era falso, después que correspondía a otra represa, luego que era de ellos, pero tenía una antigüedad de diez años y ahora vuelven a negarlo", declaró a Efe Eduardo Basso del Pont, líder del Unamco y de la Asamblea Ríos Libres, que reúne a grupos ecologistas argentinos, brasileños y paraguayos.
Basso del Pont subrayó que la administradora de Yacyretá oculta información sobre el estado de la represa y evita una discusión pública sobre el daño ambiental que ha causado y el riesgo que supone para las poblaciones argentinas y paraguayas vecinas.
También remarcó que se evita debatir informes de expertos de la Universidad del Nordeste de Argentina, según los cuales Yacyretá fue levantada sobre una falla geológica, algo que niega la entidad que administra la represa.
"Es lamentable que los impulsores de estas acciones no comprendan que la tranquilidad pública, la paz social, no pueden ser perturbados, alterados", dice la demanda contra los ecologistas, que se instruye desde comienzos de mes en un juzgado de Corrientes.
El documento, proporcionado a Efe por la administradora de la represa, afirma que "el lenguaje" de los ambientalistas "empieza a parecerse" en forma "preocupante" al de "organizaciones extremistas que tanto daño y destrucción ocasionaron al sistema institucional de convivencia y respeto a la legalidad en los países del extremo sur" latinoamericano.
Yacyretá ha publicado avisos pagos en la provincia de Misiones, vecina a Corrientes, en los que subraya que "los naturales desgastes" de la represa "están por debajo de lo esperado y de lo que es considerado normal" al cabo de 17 años de su inauguración, en 1993.
Los avisos ponen además de relieve que la represa cuenta con un sistema de "auscultación" con 1.000 instrumentos sensores y niegan que el complejo esté sobre una falla geológica, como aducen los ecologistas.
Sostiene que los muros del embalse tienen capacidad para resistir temblores de 4,7 puntos en la escala de Richter como "ejemplo de los criterios de seguridad aplicados", a pesar de que se levanta sobre una zona considerada "sin riesgo sísmico" por Argentina y Paraguay.
Basso del Pont exigió que "expertos independientes" evalúen el estado de la represa, que posee 20 turbinas que suministran el 15 por ciento de los cerca de 19.000 megavatios de electricidad que consume a diario Argentina.
El ecologista puso en duda los trabajos de mantenimiento de la represa y su capacidad de contención en caso de las periódicas crecidas del Paraná, el tercer río más extenso de Suramérica.
Además, sostuvo que el embalse ha producido algas nocivas para el ambiente y la población "varias veces" superiores a los límites aconsejados por la Organización Mundial de la Salud.
"Nos veremos las caras en los tribunales para ver quién tiene razón", apuntó.
