El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), opositor al golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, dijo hoy que espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se limite a dar informes sino que sancione al Estado de Honduras por "violador" de esas garantías.
"Esperamos que todo este proceso de investigación que se está dando concluya en sanciones concretas, que no se quede en informes, que se impongan las sanciones al Estado de Honduras por violador de los derechos humanos", manifestó a Efe el coordinador del FNRP, Juan Barahona.
Una delegación de la CIDH, que llegó el domingo a Honduras, termina hoy una misión de seguimiento a la situación de los derechos humanos en este país centroamericano, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra Zelaya.
Si al final de la evaluación de la Comisión no se aplican sanciones al Estado hondureño "eso equivale a no hacer nada", apuntó el dirigente.
Barahona, que indicó que dirigentes del FNRP se reunieron con la misión de la CIDH, insistió en que se "verifique la realidad de la violación de los derechos humanos en Honduras" porque, reiteró, "se está asesinando gente de la Resistencia, no se respeta la vida".
La Comisión Interamericana se ha reunido en su visita con autoridades del Gobierno, organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y miembros de la Comisión de la Verdad, instalada el pasado día 4 en Tegucigalpa.
El FNRP exige castigo a Honduras por múltiples violaciones contra seguidores de Zelaya, incluso algunas muertes violentas registradas desde el golpe de Estado, que no han sido esclarecidas por las autoridades.
También condena la destitución de una magistrada y tres jueces del sistema judicial que fueron despedidos el pasado día 5 por expresar su rechazo al golpe de Estado y sumarse a protestas públicas.
Los empleados judiciales iniciaron el pasado lunes una huelga de hambre en la planta baja del Parlamento hondureño, por considerar que su destitución obedece a una persecución política de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, a la que califican de "golpista".
