La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica rechazó hoy las acciones presentadas en contra de la realización de un referéndum sobre la legalidad de las uniones civiles entre homosexuales, informaron fuentes oficiales.
La oficina de Prensa de la Corte indicó a Efe que los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Defensoría de los Habitantes y por otro ciudadano la semana anterior fueron rechazados "ad portas" por los magistrados.
Aunque aún no se conocen los detalles de la sentencia, fuentes judiciales explicaron que posiblemente las acciones tenían vicios de procedimiento, pues el rechazo "ad portas" indica que la sala no conoció el fondo del asunto.
El caso ha generado polémica en el país pues diversos grupos sociales y partidos políticos argumentan que no se pueden someter a referendo asuntos relacionados a derechos humanos y civiles de una minoría.
Este es precisamente el punto por el cual la Defensoría de los Habitantes interpuso el recurso, pues a criterio de esta institución, se debe excluir la materia de derechos humanos de los temas que pueden ser sometidos a consulta popular.
El referendo es impulsado por sectores afines a la Iglesia católica y a las denominaciones evangélicas, que se oponen a la legalización de las uniones entre parejas homosexuales, bajo el argumento de que éstas atentan contra la familia y los valores tradicionales del país.
El proyecto de ley que sería consultado pretende dar reconocimiento legal a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, de manera que puedan gozar de derechos como pensión, seguro social, herencia y acceso conjunto a crédito bancario.
Ahmed Tabash, portavoz de la Defensoría, dijo a Efe que esperarán a conocer el criterio por el cual la Sala Constitucional rechazó el recurso, pero que esta medida no impedirá que insistan en su posición en defensa de los derechos humanos y en contra de la discriminación.
"Hay otros mecanismos legales que podemos utilizar. Tenemos que valorar el escenario jurídico pero insistiremos en la idea de que la ley de referendo tiene un vacío que debe ser solventado, pues no se puede someter a consulta ningún tema relativo a derechos humanos. El antecedente inmediato es este referendo, pero nuestra intención es que se corrija la ley", manifestó.
El Observatorio por la Vida y la Familia, un grupo afín a la Iglesia católica y grupos evangélicos, recolectó firmas durante más de un año a la salida de los templos, entre otros lugares, para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque la consulta popular, la cual se realizaría el próximo 5 de diciembre, mismo día de las elecciones de alcaldes en el país.
