La sentencia al negociador de ETA Yurrebaso se conocerá el 30 de septiembre


El Tribunal Correccional de París anunció hoy que la sentencia en el caso de Juan Carlos Yurrebaso, uno de los negociadores de ETA en el proceso de conversaciones con el Gobierno español en 2006, y de otros cinco miembros de la banda se hará pública el próximo día 30.


La presidenta de ese tribunal, Jacqueline Rebeyrotte, dejó hoy el caso visto para sentencia, después de dar una última vez la palabra a los cinco acusados presentes en la sala (Iratxe Sorzábal Díaz está en busca y captura y fue juzgada en rebeldía).


Kepa Mirena Suárez Ugarte, Igor Suberviola Zumalde, Jon Salaberría Sansinenea y Aitor Elizarán Aguilar se sumaron a la declaración política leída ayer por Yurrebaso, en la que entre otras cosas denunció que las pasadas conversaciones fracasaron porque el Ejecutivo español "rompió desde el principio el proceso".


Previamente, la abogada de la defensa Xantiana Cachenaut criticó la petición fiscal por haber presentado a los encausados como "terroristas", cuando, dijo, según su lectura de la instrucción, en 2006 aparecían como "interlocutores políticos".


La fiscal Fanny Bussac pidió ayer seis años de cárcel para Yurrebaso, aunque no que sea encarcelado inmediatamente en caso de una sentencia condenatoria, sino que se tenga en cuenta su estado de salud (está en libertad condicional desde septiembre de 2010 por problemas cardíacos).


Bussac también requirió seis años de prisión para Suárez Ugarte -arrestado con Yurrebaso en Périgueux (suroeste de Francia) el 29 de marzo de 2007-, cinco para Elizarán Aguilar y cuatro tanto para Suberviola Zumalde como para Salaberría Sansinenea y Sorzábal Díaz.

 

Para los seis reclamó que se dicte igualmente la expulsión definitiva de Francia.


Cachenaut, en la línea habitual de la defensa de etarras, afirmó que "este procedimiento es político" desde el comienzo y que las peticiones del Ministerio Público van "a contracorriente", pues lo que ocurre en el País Vasco es "un conflicto político".


"La solución a este problema político no puede ser más que político" y no judicial, argumentó la letrada.

 


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101 años de Panamá América

 
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