La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su preocupación por el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública de Brasil y las iniciativas en el Senado que pondrían en peligro "la necesaria transparencia y rendición de cuentas del Gobierno".
La preocupación de la SIP radica en las declaraciones de la ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Ideli Salvatti, quien aseveró que la presidenta Dilma Rousseff "vio con simpatía los argumentos de los senadores y expresidentes Fernando Collor de Mello y José Sarney".
Los senadores se han manifestado a favor de que se mantenga la "protección eterna sobre la información secreta y confidencial del Gobierno, que en la actual propuesta contempla su divulgación después de un plazo máximo de 50 años".
El Proyecto de Ley General de Acceso a la Información Pública 41/2010 fue aprobado por la Cámara de Diputados en abril de 2010, tras una iniciativa legislativa del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviada en 2009, según la SIP.
"Desde que el proyecto pasó a discusión del Senado viene sufriendo modificaciones que ponen en peligro su sanción", advirtió esa organización.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico guatemalteco Siglo 21, instó al Gobierno brasileño a "evitar que Brasil pierda la oportunidad de asumir su responsabilidad en materia de acceso a la información pública, un privilegio que le pertenece a todos los ciudadanos".
Un paso, resaltó, que pondría al país en sintonía con otras naciones que ya han adoptado este tipo de legislación que obligan "a la necesaria transparencia y rendición de cuentas que debe asumir un Gobierno".
El titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News, expresó su temor de que "la modificación que establecería el secreto eterno para documentos oficiales, podría poner en peligro la viabilidad del proyecto y que este termine archivándose para siempre".
Los países que cuentan con leyes de acceso a la información pública en Latinoamérica y el Caribe son Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Chile, Colombia ("acción de tutela"), Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
