La sociedad civil brasileña ha plantado cara a la clase política con un proyecto de ley que busca impedir las candidaturas electorales de políticos que han sido condenados por la justicia o tienen algún proceso abierto por corrupción.
"En la práctica, el proyecto de ley tendrá un papel preventivo, garantizando así candidaturas idóneas en el proceso electoral", señaló el Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE), autor de la iniciativa, en un comunicado divulgado hoy.
El MCCE lanzó en abril del año pasado la campaña "Ficha Limpia" para combatir la corrupción entre los políticos aspirantes a cargos de elección popular, y desde entonces ha recogido más de 1,3 millones de firmas de apoyo al proyecto de ley.
"El primer paso para esa conquista fue dado por toda la sociedad brasileña. La nueva etapa es la tramitación y votación del proyecto", agregó el comunicado.
La iniciativa, junto con las firmas de apoyo, que representan a más del 1% del electorado brasileño, fue entregada el martes al presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, por los representantes del movimiento anticorrupción.
Según el proyecto, se prohibiría presentarse a un cargo electivo a aquellas personas condenadas en primera instancia por un tribunal de justicia, así como a las que tengan una denuncia en su contra por crímenes de racismo, homicidio, violación, tráfico de drogas o desvío de fondos públicos.
Sin embargo, una propuesta similar incluida dentro de un proyecto de reforma electoral se encontró este mes con la falta de respaldo de los diputados brasileños, que finalmente rechazaron la iniciativa.
Algunos legisladores, como el diputado federal José Genoíno, del Partido de los Trabajadores (PT), criticaron la iniciativa por considerarla "reaccionaria, conservadora y filosóficamente violenta".
Genoíno, que tiene un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo de Brasil, alegó, además, que los derechos políticos y civiles son inviolables hasta la conclusión del juicio y la lectura de la sentencia.
El proyecto ahora será enviado para su análisis a las comisiones pertinentes del Congreso, donde de entrada se ha considerado impracticable la comparación de las firmas con el número de identidad electoral de las 1,3 millones de personas que respaldan la iniciativa.
