Varios representantes de la sociedad guatemalteca pidieron hoy a los países miembros de la ONU que mantengan el respaldo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), para que continúen "los avances" conseguidos en la lucha contra el crimen organizado en el país.
A través de una delegación compuesta por reconocidas personalidades, como la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, ensalzaron la labor de este organismo de investigación encabezado por el magistrado español Carlos Castresana.
"Estamos acá una delegación de distinguidas personalidades guatemaltecas para decirle a la comunidad internacional que la creación de la Cicig fue una decisión acertada, un mensaje contra la impunidad", dijo Menchú en una conferencia de prensa.
La líder indígena resaltó que su país, con la ayuda internacional, tiene "la misión" de combatir las estructuras del crimen organizado enquistadas en el aparato estatal para "completar" el proceso de paz que se inició con el fin del conflicto interno, en 1996.
En sus primeros dos años y medio de labor, la Cicig ha contribuido a separar de sus cargos a unos 2.000 agentes de policía nacional del país, a un fiscal general, diez fiscales jefe y tres magistrados de la Corte Suprema, además de enviar a prisión a 130 personas, según responsables de la Comisión.
También se ha procesado al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), además de a un ministro de la Defensa, uno de Finanzas y dos ex jefes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otros.
Castresana resaltó que los éxitos logrados en la lucha contra la impunidad se deben a que hay policías, fiscales y jueces guatemaltecos comprometidos en ayudar a "cambiar el país".
"Hay un cambio de tendencia en Guatemala, que es posible porque tenemos el apoyo de la mayoría de la población", apuntó.
Al igual que otros miembros de la delegación, el director del diario guatemalteco Prensa Libre, Gonzalo Marroquín, ligó la situación de violencia y criminalidad a los 36 años de conflicto interno armado que vivió el país entre 1960 y 1996.
"Lo que empezó como un manto de impunidad para los militares, se convirtió en un manto de criminalidad para los delincuentes", observó el periodista, que es también vicepresidente primero de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Marroquín también lamentó que en Guatemala "no se haya visto un apoyo determinante y decisivo" a la labor de la Comisión de combatir la penetración del crimen organizado en las instituciones del país.
En ese sentido, el ex vicepresidente Eduardo Stein opinó que hay "fuerzas" dentro de la vida política empeñadas en impedir los cambios legislativos impulsados por la Cicig, que incluyen una reforma de la Constitución.
"Nuestra actual Constitución ya no es suficiente, tiene demasiadas limitaciones", afirmó.
Menchú resaltó que "siempre hay fuerzas que quieren dilatar" los cambios con la esperanza de mantener la actual situación de impunidad y pidió al Congreso que actúe al respecto "con urgencia".
También formaron parte de delegación de personalidades guatemaltecas que acudieron a la ONU el presidente del Parlamento, Roberto Alejos, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Barrientos y el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Jiménez, entre otros.
Esta delegación se reunión hoy con representantes de los países miembros de Naciones Unidas que proporcionan apoyo financiero, político y logístico a la Cicig.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, amplió el año pasado el mandato de esta Comisión hasta septiembre de 2011 a petición del Gobierno guatemalteco.
Castresana, así como el resto de asistentes, expresaron su deseo de que Naciones Unidas lo renueve el año que viene de nuevo y lo reforme para "reforzar" su autoridad.
Según la Cicig, los niveles de impunidad que imperan en Guatemala se sitúan entre el 95 y el 99 por ciento en relación a los hechos de violencia y crímenes que se registran en el país.
