Las autoridades de la provincia peruana de Espinar, que cumplió un paro de doce días en septiembre pasado en rechazo a un proyecto de irrigación, reiteraron hoy en Lima que no aceptarán que comience esa obra sin los estudios ambientales a los que obliga una sentencia judicial existente.
El alcalde de Espinar, Eloy Chancarayauri, y el representante del Comité de Defensa de Espinar, William Inca, señalaron hoy en una rueda de prensa que continuarán con las acciones legales si el Gobierno suscribe la licitación del proyecto.
Según indicaron, piensan acudir a las cortes superiores peruanas y, en caso de no tener éxito, hasta el Tribunal Internacional de La Haya y el Tribunal Latinoamericano del Agua.
Tras las protestas protagonizadas por los pobladores de Espinar, que se saldaron con un muerto y varios heridos de gravedad, el Gobierno peruano y las autoridades locales establecieron una mesa de diálogo que se instalará oficialmente el próximo lunes.
Precisamente hoy, se celebró en la ciudad del Cuzco la cuarta reunión de la mesa técnica que analiza el proyecto de Majes-Siguas II, que supone un ambicioso trasvase de aguas desde Espinar a la vecina región de Arequipa, y que los pobladores de esa provincia consideran un peligro para su abastecimiento de agua.
Estas mesas técnicas realizan un trabajo preparatorio para la mesa de diálogo que se instalará el lunes.
Chancarayauri remarcó hoy que su provincia no se opone directamente al proyecto hídrico, sino que exige que primero se cumpla una sentencia judicial que ordena la realización de un estudio de balance hídrico.
El Gobierno argumenta que ya se ha realizado un estudio de la oferta y demanda de agua en la zona, lo que los pobladores de Espinar consideran insuficiente.
"El estudio de la confrontación de oferta y demanda es de cuatro meses y el de balance hídrico debe durar al menos 12 meses para ver toda la variación durante el año", aseguró Inca.
Las autoridades de Espinar manifestaron también su temor a que el Estado firme en los próximos días la licitación del proyecto, que ganó un consorcio integrado por las empresas Cobra Perú, de capitales españoles, y Cosapi.
Chancarayauri señaló que en el caso de que eso ocurra sin que se haya cumplido con realizar el estudio la población evaluará las medidas que tomará, lo que podría derivar en una nueva huelga.
"Nosotros llamamos a la calma del pueblo pero la decisión compete a la sociedad civil. Están en todo derecho de defenderse e incluso dispuesto a arriesgar sus vidas", agregó el alcalde provincial.
