Las nuevas bandas criminales, herederas de los paramilitares y dedicadas al narcotráfico, son la mayor amenaza a la seguridad en Colombia tras años de lucha del Estado contra las FARC, que están debilitadas pero no extinguidas.
Ésta fue la principal conclusión del foro "Desafíos criminales y acción del Estado", celebrado hoy en Bogotá y en el que participaron el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el comandante general de las Fuerzas Militares (FFMM), almirante Edgar Augusto Cely, y el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo.
"Las bacrim (como denomina el Gobierno colombiano a estas nuevas bandas criminales) son hoy la más alta prioridad y una amenaza a la seguridad ciudadana", manifestó Naranjo, al matizar que "es un imperativo contenerlas y someterlas a la ley".
El jefe policial remarcó que "de no hacerlo (...) puede generar en un desafío a la institucionalidad, pueden ser una gran amenaza si siguen avanzando".
Preguntado si estos grupos son una respuesta a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, y si éste proceso no acabó con las estructuras de los paramilitares, respondió que sí se habían producido avances, pero se mantienen los desafíos.
Según Naranjo, actualmente operan siete bandas en Colombia, distribuidas en 17 departamentos y 152 municipios, cuando hace unos años eran 33 las estructuras repartidas en 23 departamentos y 250 municipios.
Dijo, asimismo, que entre 2006 y 2010 fueron detenidos 10.400 miembros de bandas criminales, entre ellos 68 cabecillas, pero reconoció que lo que no se ha conseguido es acabar con "el asesinato colectivo", al mencionar que en 2010 se registraron "una veintena de masacres y al menos 14 fueron obra de esas bandas".
"Ese es un cuestionamiento de la Policía", confesó Naranjo bajo la creencia de que las "bacrim" mantienen la lógica de las masacres.
Y es que grupos como Los Paisas, Los Urabeños o Los Rastrojos asesinaron en 2010 solo en el departamento de Córdoba, cuna de las AUC, a unas 600 personas y a otras 45 en lo que va de enero, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Naranjo también llamó hoy la atención sobre la "capacidad de reclutamiento" por parte de esos grupos y dio su palabra de que el Gobierno se compromete "a eliminar sus estructuras" teniendo en cuenta los "puntos de convergencia" entre narcotraficantes, guerrillas y nuevas bandas.
Por su parte, el ministro de Defensa alertó de que las relaciones entre esos grupos y las FARC "son cada vez más estrechas" y sostuvo que esas nuevas estructuras están formadas por "bandoleros y criminales sin ninguna ideología política".
Pero Rivera rechazó el término de nuevo paramilitarismo: "sería valido si logramos individualizar a cualquier miembro de la Fuerza Pública que apoya a esos grupos. Pero, si eso no es así, solo se sataniza y daña la imagen de la fuerza pública", indicó.
Para el ministro, la estrategia ahora, después de "apagar el incendio", es una política de seguridad ciudadana que coordine a las instituciones, tenga el compromiso de los colombianos y la colaboración de la Justicia, gobernadores y alcaldes, siempre respetando el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos.
Y es que el escenario de violencia en Colombia cambió, según determinó también a su turno el comandante general de las FFMM, para quien las FARC "están en un momento complejo, debilitadas y golpeadas, pero no acabadas".
El almirante Cely expresó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) evitan la confrontación directa con la Fuerza Pública, a la que desafían en grupos pequeños haciendo uso "de francotiradores, campos minados y explosivos" porque "buscan mantenerse en áreas vitales, en las zonas del narcotráfico".
Cely vaticinó a corto plazo a unas FARC "en proceso de bacranización", en alusión a las bacrim, porque lo que buscan es "mantener los corredores de la droga, la salida al Pacífico y al Oriente".
Puso como ejemplo de zonas en las que las FARC confluyen con las nuevas bandas criminales los departamentos de Córdoba (norte) Cauca y Nariño (suroeste), Catatumbo (este) y El Caquetá (sur), todos ellos en áreas estratégicas para el tráfico de drogas.
