El jurista español Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), asegura que las estructuras clandestinas en la que están implicados jueces, abogados, diputados, empresarios y funcionarios de Gobierno, siguen intactas en el país.
En una entrevista que publica hoy el diario local Prensa Libre, Castresana dijo que ya tienen elaborado un informe en el que se detallan, por nombre, a las personas, empresas y grupos que conforman las estructuras clandestinas, pero no los revela.
Según el titular de la Cicig, que se instaló hace dos años en Guatemala a petición del Gobierno, la información sobre los integrantes de esas redes la han obtenido del análisis de los casos que han investigado.
"Las estructuras clandestinas siguen intactas dentro de las instituciones; en algunos casos nacieron allí, porque vienen desde hace 20 ó 30 años, y nacieron en el contexto del conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.
"Los acuerdos de paz preveían que debían ser desmanteladas, pero no se hizo, y hoy en día han evolucionado a una forma de criminalidad común o criminalidad organizada", señaló Castresana.
El jurista español sostiene que hay organizaciones más modernas y otras que se han modificado, y explicó que "involucran a muchos sectores, no solo de las administraciones de justicia, del Gobierno, del Congreso, del Organismo Judicial, sino de empresas, medios de comunicación y despachos de abogados".
"En lo que se refiere a la administración de justicia, hablamos de jueces, fiscales y abogados", indicó.
Agregó que dentro del Ministerio Público (MP) existen estructuras que no permiten que los casos avancen, y que el 98 por ciento de la impunidad no solo es responsabilidad de esa institución, sino también de policías y jueces.
"Señalamos y ejercemos acciones disciplinarias contra quienes consideramos que podemos probar que ponen palos en las ruedas", dijo.
La Cicig anota que los aparatos clandestinos de seguridad están asociados con el narcotráfico, secuestros, asesinatos con características de limpieza social, contrabando, robos a gran escala, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y otros sectores.
También indica que con el tiempo estas estructuras han perfeccionado el empleo de métodos y técnicas de inteligencia, las cuales operan con una compleja división del trabajo y gozan de recursos e impunidad.
Castresana apuntó que la Cicig trabaja en la búsqueda de pruebas en contra de las personas, empresas y grupos que se supone integran los aparatos clandestinos, porque, aclara, en Guatemala "es muy fácil obtener la información porque hay muchas fuentes" pero hay que constatarlas.
Según el jurista español, la intención es que con la prueba se pueda llevar a los responsables a los tribunales con "ciertas garantías de éxito", aunque explicó que uno de los obstáculos para desmantelar estas estructuras es la falta de herramientas legales.
En Guatemala, dijo Castresana, además de los aparatos clandestinos, también permanece la corrupción endémica y la creciente presencia de la delincuencia organizada.
"El problema más grave es la coordinación de la delincuencia organizada trasnacional con la delincuencia organizada local y con la criminalidad común. Es decir que si las familias desde hace muchos años traficaban con drogas, con seres humanos, etcétera, ahora se coordinan muy bien con otras familias que vienen del extranjero y con las maras", anotó.
"Eso es un problema muy grave y hay que reaccionar rápido, para cortarlo mientras se esté a tiempo", advirtió.
