El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú se quejó hoy de las denuncias presentadas por supuestas violaciones a los derechos humanos contra sus integrantes porque consideró que interfieren en las operaciones de combate al terrorismo, según un comunicado publicado hoy por la prensa en Lima.
"En la lucha contraterrorista, integrantes de las fuerzas armadas vienen siendo denunciados por supuestas violaciones de los derechos humanos, ante diversos organismos como la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial y organismos internacionales", señaló el documento emitido por el ministerio de Defensa.
En él se atribuyen las denuncias presentadas contra militares a una estrategia de los terroristas para desacreditar a las fuerzas castrenses.
La mayoría de las acusaciones se remonta a los años de la violencia terrorista, entre 1980 y 2000, ha sido investigada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ha recomendado su enjuiciamiento.
El comunicado agregó que las reclamaciones están "motivando interferencias en las operaciones, malestar e incertidumbre en el personal militar y perjudicando la labor encomendada por el gobierno, que es la de pacificar y apoyar el desarrollo de la mencionada región".
En la actualidad existen remanentes terroristas en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y del río Huallaga, en la selva central del país, los cuales están coludidos con el narcotráfico y vienen operando impunemente, creando terror y zozobra en la población, agregó la información.
En opinión del comando castrense, "este ardid en la estrategia del frente legal del terrorismo es formular denuncias contra el personal militar por la supuesta violación de los derechos humanos".
Por tal motivo, el comunicado recordó que "los miembros de las fuerzas armadas también tienen derechos humanos que deben ser respetados".
Los últimos ataques de Sendero Luminoso contra militares y policías se produjeron a fines del año pasado, cuando se intensificaron las acciones en la zona del VRAE y se estableció una base militar en esa región.
El pasado 15 de noviembre, tres agentes policiales murieron en una emboscada en la localidad andina de Luricocha, en la región Ayacucho, bastión de Sendero desde los años 80.
En octubre, una columna de Sendero mató a 15 personas, 13 de ellas militares, y provocó lesiones a otras 17 al detonar varios explosivos en una carretera de la región de Huancavelica.
Apenas cinco días después, otro ataque del mismo grupo terrorista dejó otros dos militares muertos y cinco heridos en la zona de Vizcatán, que también está en el área de influencia del VRAE.
El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, ha insistido en los últimos días en que las Fuerzas Armadas actúan con respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de sus labores, descartó las acusaciones y pidió el respaldo de la población para los uniformados.
Los militares han sido cuestionados por la presunta desaparición de más de una decena de campesinos en una campaña en el Vizcatán emprendida en agosto del año pasado.
