Las fuerzas de seguridad estatales cometieron 2.557 asesinatos entre 1995 y este año en Argentina, lo que implica un promedio de un crimen cada dos días, según un informe difundido hoy por una organización no gubernamental local.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) determinó que la gran mayoría fueron casos de "gatillo fácil" (fusilamientos) o fallecimientos por torturas en cárceles o comisarías, mientras que sólo hubo 52 muertes en manifestaciones de protesta o bloqueos de rutas.
"Este archivo no es un pulido trabajo estadístico" sino "un reflejo, aunque pálido e incompleto, de lo que es el día a día represivo en el país", dice el informe, presentado en un acto realizado en la Plaza de Mayo, situada frente a la Casa de Gobierno.
La Correpi destacó que durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el primer año del de su esposa, Cristina Fernández, 1.062 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad.
"La creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la cifra negra del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura", indicó.
El informe incluye únicamente casos que culminaron con la muerte de una víctima que "no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o de los homicidas", pertenecientes a fuerzas policiales federales y provinciales.
Según la Coordinadora, el reporte también "pone en evidencia la prevalencia de la represión de tipo 'preventivo', que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase".
"Los números confirman que en la argentina democrática -agregó-, una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura (1976-1983), la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político".
De las 2.557 víctimas registradas entre 1995 y fines de noviembre último, "la mitad corresponde a la franja de varones pobres de 15 a 25 años", mientras que "el 32 por ciento del total tenían 21 años o menos".
En cuanto a la modalidad, hubo 1.341 casos de "gatillo fácil", lo que representa el 52 por ciento del total, mientras que 822 (32 por ciento) correspondieron a muertes en cárceles o comisarías a manos de las fuerzas de seguridad.
La distribución territorial demuestra que los casos "no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país, con expresa preferencia por los grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza".
La Correpi también resaltó "la persistencia como política de Estado de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado".
"Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito", añadió.
