Varias organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos colombianas lamentaron hoy el trato dado por el Estado a las víctimas del conflicto armado interno y pidieron que su situación sea abordada mediante un consenso nacional.
"Creemos que aquí hay que buscar un acuerdo o un consenso nacional, porque el tema de las víctimas no puede ser sólo de las víctimas", afirmó el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero.
El activista se lamentó de que la respuesta del Estado ante los efectos del conflicto ha avanzado por orden de decisiones judiciales y no por una voluntad gubernamental de "trazar una política de Estado y una política integral de atención a las víctimas".
Sin embargo, destacó que se haya consolidado este año en el país el movimiento de víctimas, con un crecimiento incluso en la "conciencia social a favor de los derechos" de las personas afectadas por la confrontación o sus efectos.
Asimismo, observó que el conflicto armado de Colombia no ha cesado, a pesar de que "el discurso oficial diga que estamos en postconflicto".
"Ese discurso sólo sirve para erosionar la normativa humanitaria", continuó Romero, que habló durante una conferencia de prensa convocada en Bogotá con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemorará mañana.
La confrontación es más fuerte en varias regiones del sur, el suroeste, el sureste o el nordeste, que "están focalizadas por la seguridad democrática (de lucha antidrogas y contra los grupos armados ilegales) como zonas de teatros de operaciones", dijo luego.
Por su parte, la responsable de la Fundación Nydia Erika Bautista, Yanett Bautista, consideró que 2009 "fue un año negro para los derechos de las víctimas".
"La lucha de los familiares de los desaparecidos y de todas las víctimas es de largo aliento", agregó Bautista, cuya fundación lleva el nombre de una rebelde del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) desaparecida a manos de los militares en agosto de 1987.
La activista observó que a los colectivos de defensa de los derechos humanos no los detiene ni "la discriminación que el Estado y, especialmente el Gobierno de (el presidente colombiano, Álvaro) Uribe, con su bancada en el Congreso, ha hecho con la ley de víctimas" que no fue tramitada en el Legislativo.
El presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda, también se lamentó de que esta iniciativa legal no fuera estudiada por el Congreso, que se dedicó en la legislatura que está por terminar a asuntos relacionados con el proyecto que busca la reelección de Uribe.
Bautista también subrayó el hecho de que la fiscalía haya reconocido hace algunos meses que en el país están documentados 27.055 casos de desapariciones forzadas.
No obstante, advirtió de que "hay muchísimos casos más, por cuanto un 90 por ciento de las víctimas (familiares de desaparecidos) aún no ha denunciado".
Romero aseguró que el número de casos, ya de hecho "espeluznante", puede sumar ahora 40.000, por encima de los menos de 30.000 que dejaron los Gobiernos de facto en Argentina.
Es también alarmante la situación y la falta de soluciones y reivindicaciones para los más de cuatro millones de desplazados, continuó el defensor de los derechos humanos, que denunció que el problema del desarraigo no cesa.
Carlos Acevedo, portavoz de la Federación Colectivo 21 de Junio, que reúne a 25 organizaciones de víctimas de desplazamiento, criticó la falta de articulación entre las instituciones locales y nacionales que atienden a estas víctimas.
"Pedimos solidaridad, pedimos apoyo, pedimos que se nos respete como víctimas", expresó Acevedo, mientras que Bautista afirmó que "la respuesta del Estado es precaria, es pobre, es discriminatoria".
