Las uniones de hecho entre extranjeros y costarricenses serán reconocidas a partir de ahora en el país para legalizar el estatus migratorio del miembro foráneo de la pareja, de acuerdo con una resolución de la Sala Constitucional, informó hoy el Poder Judicial.
Los magistrados decidieron que "el término de familia no puede concebirse únicamente dentro del matrimonio" y por esta razón declararon inconstitucional un artículo de la Ley de Migración y Extranjería que establecía que la unión de hecho no producía efectos jurídicos migratorios.
El caso fue juzgado por la Sala debido a una acción de constitucionalidad planteada por la Fundación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante, que trabaja principalmente con población nicaragüense.
El objetivo de la fundación era que la unión de hecho fuera reconocida legalmente para evitar deportaciones y para legalizar la permanencia en el país de los miembros de una familia, especialmente porque este tipo de unión es una práctica común entre la población nicaragüense que vive en Costa Rica.
Este grupo argumentó que la Constitución Política costarricense dispone en el artículo 51 que el Estado protegerá la familia, sin entrar en consideraciones sobre el origen de la misma, es decir, indistintamente si se trata de un matrimonio o no.
Sin embargo, la decisión de los magistrados fue mal vista por las autoridades migratorias, que temen que las uniones de hecho faciliten el tráfico de personas.
El director de Migración, Mario Zamora, indicó que si bien antes la residencia legal estaba garantizada para aquellos extranjeros que contrajeran matrimonio con un costarricense y aun así se dieron múltiples casos de matrimonios por poder, con el reconocimiento de las uniones de hecho para obtener legalidad migratoria, ese portillo se hace más grande.
"Nuestro temor es que estas mafias que se han dedicado a matrimonios por poder se dediquen ahora a traficar uniones de hecho porque los requisitos probatorios son inferiores", dijo Zamora.
"Ningún país reconoce beneficios migratorios con base a la unión de hecho por lo difícil de acreditarla", advirtió.
La prensa y las autoridades migratorias han denunciado en los últimos años múltiples casos de grupos delictivos que se dedican a pagarle a indigentes, drogadictos y personas pobres para que se casen con extranjeros, especialmente cubanos, chinos y colombianos, y así los extranjeros puedan obtener una residencia en Costa Rica.
